¿Qué implicaciones tiene para Begoña Gómez haberse negado a declarar?

Tal como ha interpretado de manera recurrente la jurisprudencia española, el hecho de guardar silencio o no declarar, por parte del investigado (antiguo imputado) o procesado (antiguo acusado) no puede ser, por sí mismo, un signo de culpabilidad. Es decir, la apertura de un juicio o de una fase previa penal, no se puede apoyar, de manera exclusiva, en el silencio, como tal.

En nuestro ordenamiento, para que una persona investigada por un presunto delito sea formalmente procesada, o un procesado condenado, es necesario que haya pruebas suficientes, y el silencio no conforma prueba alguna. Sin embargo, cabe aclarar que, si tras el análisis del resto de los indicios y pruebas existentes, el investigado o procesado no contesta o no da suficientes explicaciones para exculparse, el silencio puede ayudar en la confirmación de su culpabilidad.

El artículo 24 de la Constitución Española prevé que todos los ciudadanos tienen derecho «al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa» y «a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia».

Adicionalmente, existen dos artículos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 118 y art. 520) donde se desarolla esta posibilidad, esto es, la posibilidad que tienen todo español a no manifestar su versión de los hechos, o a contestar sólo a las preguntas que considere, cuando está siendo objeto de una investigación penal, como en el caso de Begoña Gómez. Cabe aclarar que el primer artículo hace referencia a la figura del investigado, mientras que el segundo se refiere al detenido o preso.

Así las cosas, una vez que Begoña Gómez ha renunciado a contestar a las preguntas del juez Juan Carlos Peinado, por segunda vez, lo más previsible es que tanto el fiscal como los abogados de las partes personadas en la causa pidan al juez que se hagan constar en acta las preguntas que se le iban a formular. Es potestad discrecional del magistrado, admitirlo o denegarlo, en cada caso ya que, para algunos de los instructores o presidente de tribunal, el debido respeto al ejercicio del derecho a guardar silencio debe extenderse a no presenciar las reacciones del declarante cuando escucha las cuestiones que, con carácter previo, se había negado a responder.

La causa continuará pese al silencio

Desde ahora en adelante, y con independencia de la posición de Begoña Gómez, que ha renunciado a intervenir en su comparecencia, la instrucción en curso seguirá avanzando con las práctica de todas las pruebas adicionales que el juez Peinado considere, a iniciativa propia o a petición de las partes personadas, que se deben practicar para esclarecer los hechos presuntamente delictivos.

No en vano, como reveló El Debate en exclusiva hace unos días, el propio magistrado libraba un oficio a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, para que se ampliase la información relativa a seis de los contratos públicos de los que fue beneficiario Juan Carlos Barrabés, codirector del Máster de la Complutense y profesor asociado del mismo, supuestamente como resultado de las cartas de recomendación firmadas por Gómez a su favor.

También el sindicato Manos Limpias ha anunciado que ampliará la querella inicial a un delito de intrusismo laboral, tras constatar que la mujer de Pedro Sánchez firmó un pliego de condiciones técnicas de una licitación, sin tener la cualificación necesaria para ello.

Por su parte, Vox ha avanzado que solicitará la declaración, como testigo, del propio Sánchez con quien tanto Barrabés, como el rector de la Universidad, reconocieron haberse reunido en Moncloa.