La Abogacía del Estado dilata el plazo para contestar si acepta el pacto con el novio de Díaz Ayuso

La llegada de un nuevo Abogado General del Estado, David Vilas Álvarez, al frente de la Institución, implicó la ruptura del acuerdo previo alcanzado entre el letrado público Julián Martínez-Simancas, inicialmente asignado a la causa que se sigue contra el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por un presunto delito tributario, en el que se eliminaba el delito de falsedad documental.

Ahora, tras el cambio de dicho letrado público, relegado a las órdenes de la nueva responsable del procedimiento, Zaida Fernández Toro, la Abogacía del Estado ha vuelto a dilatar los plazos previstos para contestar a la propuesta de acuerdo del empresario madrileño que, así las cosas, podría ver cómo el asunto queda pospuesto hasta el próximo mes de septiembre. Según ha podido saber El Debate, en primicia, Fernández Toro ha registrado su escrito de contestación a los términos de la oferta de conformidad, en el último día de gracia habilitado por la juez para hacerlo.

Una respuesta que, por su parte, la Fiscalía entregó apenas un par de días después de iniciarse el mismo.

Constantes maniobras dilatorias

Hasta la fecha, han sido varias las ocasiones en las que el intento de llegar a una solución pactada en el caso, se ha visto frustrado por uno u otro motivo. No en vano ya el pasado 24 de junio –tras el aplazamiento decretado el 20 de mayo, para la declaración de González Amador– el letrado del PSOE de Madrid, personado en la causa, registró un escrito solicitando que se ampliase la investigación a más delitos, entre ellos el de administración desleal, a primera hora de ese mismo día.

Una maniobra que provocaba una aciaga discusión entre la el PSOE y la Fiscalía que no entiende por qué, después de un mes, se plantea dicha petición in extremis. De hecho, tanto el fiscal Diego Lucas como la defensa del novio de Díaz Ayuso se oponen al movimiento alegando una presunta mala fe procesal de la acusación socialista.

Sin embargo, por su parte, la Abogacía del Estado represantada ya por la nueva encargada Zaida Fernández se desmarca de ambos. Asegura que no puede oponerse al escrito del PSOE sin haberlo estudiado y provoca que la jueza aplaze, por segunda vez, la declaración de González Amador, solicitando el traslado del escrito del PSOE madrileño para que se pronuncien el resto de los actores.

En los días posteriores, con la única intención de finalizar ya con un procedimiento que se ha ido deformando con el paso del tiempo, la defensa de la pareja de la presidenta de Madrid, se dirige tanto a la Fiscalía, como a la Abogacía del Estado instando el acuerdo cuanto antes y apuntando a que cualquier otro particular en la misma situación lo habría podido suscribir en otras circunstancias. Cabe recordar que, por su parte, Alberto González había aceptado conformarse en un primer momento a sendos delitos de fraude fiscal y falsedad documental, posteriormente sin el primero de ellos, de nuevo añadiendo ambos, tras la propuesta de ampliación de diligencias del PSOE.

Una petición a la que se oponen tanto la defensa de González como el fiscal Diego Lucas que responde en contra de la solicitud y en línea con la posición del abogado del investigado. Fiscalía informa para que no se practiquen nuevas pesquisas y propone firmar el pacto entre los días 15 al 17 julio y, excepcionalmente, del 30 de julio al 2 de agosto, ambos inclusive.

El reiterado silencio de la Abogacía

Es, en este punto, en el que el papel de la nueva letrada pública, Zaida Isabel Fernández Toro, vuelve a cobrar un total protagonismo. Sin embargo, y para sorpresa de las partes, no responde a los sucesivos mails consignados por el abogado de González Amador para agilizar los trámites, tampoco a las llamadas telefónicas, ni a los sucesivos intentos de contanto sugeridos por el letrado del novio de Díaz Ayuso.

Y así las cosas, van pasando los días sin que se produzca la respuesta de la Abogacía, pese a la disposición del fiscal y del investigado para sentarse y rubricar los términos del pacto, con el visto bueno de la jueza de Instrucción asignada.

La Abogacía guarda silencio hasta que, según han confirmado fuentes judiciales a El Debate, en el último día del plazo disponible para pronunciarse, este 18 de julio, se consigna la posición de la letrada pública, en el tiempo de descuento. Una maniobra que, al igual que la que planteó el PSOE, en su momento, podría suponer la dilación de la causa hasta después del verano, sin remedio.

Lo que pase en la próxima semana quedará, ya, en manos de la magistrada: decidir si propone una fecha en lo que resta de mes de julio para suscribir el texto de conformidad o, por el contrario, accede a practicar las nuevas diligencias propuestas por el PSOE, apuntan fuentes judiciales a este diario. Todo ello dependerá de la connivencia de la Abogacía pública que, desde la llegada del nuevo máximo titular y tras la designación de la nueva abogada del Estado encargada, ha cambiado de planteamiento con respecto al criterio de sus predecesores, apuntan las mismas fuentes.