La Fiscalía se opone a ampliar la investigación por fraude al novio de Ayuso para que declare y vaya a juicio cuanto antes

La Fiscalía de Madrid quiere que el novio de la presidenta de Madrid Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, declare cuanto antes para avanzar con el enjuiciamiento de los hechos por los que está investigado, presuntamente constitutivos de un doble delito de fraude fiscal y falsedad documental. Según ha podido confirmar El Debate, a través de fuentes judiciales, el representante del Ministerio Público ha rechazado que se amplíen las pesquidas como solicitaron, el pasado 24 de junio, las dos formaciones personadas como acusación popular, PSOE y Mas Madrid.

A diferencia del criterio expuesto por los abogados de ambos partidos políticos, el fiscal considera que no es necesario practicar más diligencias para acreditar la supuesta responsabilidad tributaria del empresario.

No en vano, la petición formulada por sendas representaciones jurídicas significó que la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, María Inmaculada Iglesias Sánchez, aplazara la declaración de González Amador y de los otros cuatro empresarios investigados que, junto con él, estaban citados para ser interrogados ese día.

Ésta era la segunda ocasión en la que la comparecencia del novio de Ayuso quedara pospuesta. En un intento inicial, el pasado 20 de mayo, quedó descartada por la imposibilidad de localizar a alguno de los requeridos. De manera que el trámite ha resultado fallido y por el momento continúa sin agendarse una nueva fecha. La Fiscalía, sin embargo, tiene prisa porque González Amador se siente en la Sala de vistas para ser escuchado cuanto antes, requisito imprescindible en el caso de que desde la Institución, contra la que el propio empresario se querelló por una presunta revelación de sus datos personales, se busque la apertura de juicio oral, descartado el pacto.

El boicot a un posible pacto

Y es que, mientras PSOE y Mas Madrid han tratado de ampliar el catálogo de delitos con los que señalar a la pareja de la presidenta madrileña –a otros como administración desleal, corrupción en los negocios y contables– la Fiscalía urge que se siga el procedimiento contra él, mientras el silencio de la Abogacía del Estado, que se ha comprometido a presentar su posición el próximo lunes día, retrasa las expectativas de alcanzar un acuerdo.

Precisamente, el registro del escrito instado por los socialistas, frustraba una conformidad según la cual González Amador aceptaba una condena de ocho meses de prisión, inferior a los dos años que permiten la suspensión de la pena, por dos delitos de fraude fiscal en concurso con dos delitos de falsedad en documento mercantil, además de asumir la devolución de las cantidades defraudadas, que ascenderían a un total de 491.824 euros.

Y ello, pese a que el abogado del Estado inicialmente asingado al caso, Julián Martínez-Simancas, era conforme a retirar el segundo de los ilícitos, de acuerdo con la Agencia Tributaria. Una propuesta que le llevó a ser relegado a un segundo plano en favor de unanueva letrada pública, Zaida Fernández Toro, pese a que ésta defiende a la fiscal Pilar Rodríguez, jefe de la provincial de Madrid, en la causa que González Amador tiene abierta contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos.

Ahora, el Ministerio Fiscal alega que las diligencias solicitadas «no proceden por ser impertinentes varias de ellas –esto es, relativas a hechos que no son objeto de este procedimiento-, por ser inútiles otras –esto es, por ser superfluas- y por ser ilícitas otras –esto es, vulneradoras de derechos fundamentales, singularmente el de defensa-, adoleciendo varias de las diligencias de varias de las notas anteriores».

«El objeto del presente proceso es cómo tributó González Amador los beneficios que obtuvo su empresa en los ejercicios 2020 y 2021, y no la licitud del origen de esos ingresos», añade el representante de la Fiscalía.

Y sostiene que las diligencias solicitadas «son innecesarias para acreditar los hechos y delitos objeto del proceso, -que son los contenidos en la denuncia- y su admisión conllevaría extender el objeto procesal a otros hechos, lo que impediría el pronto enjuiciamiento de los delitos fiscales y el delito de falsedad que sí son objeto de este procedimiento, contraviniendo con ello lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal».

Cabe recordar que la investigación vigente se remonta al pasado 5 de marzo, cuando la Fiscalía presentó una denuncia en los juzgados contra Alberto González Amador y otros cuatro empresarios al detectar unos movimientos sospechosos de las sociedades de la pareja de Díaz Ayuso -que vio en esta causa una campaña en su contra-, por su condición personal. Un juzgado la admitió a trámite unas semanas después.

El 2 de febrero, el letrado envío a la Fiscalía un documento de ocho páginas titulado «propuesta de conformidad penal» en el que comunicaba que la pareja de Díaz Ayuso aceptaba «íntegramente» la comisión de dos delitos y proponía una pena de ocho meses de prisión y abonar unos 525.000 euros pero, hasta la fecha, nada se ha sabido sobre la ratificación de dicho pacto.