Cambian al abogado del Estado que quiso pactar con el novio de Ayuso y retirar la acusación por falsedad documental

Un mail confirmando la retirada de la acusación por falsedad documental que pesaba sobre el novio de la presidenta de Madrid Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, en la causa tributaria que se sigue contra él, ha sido el detonante. Antes, había sido el intento de pacto propuesto por el mismo letrado público, Julián Martínez-Simancas, a González Amador que neutralizó el nuevo jefe de la Institución, designado por el Gobierno, el gallego David Vilas Álvarez, nada más llegar al cargo.

Según ha podido saber El Debate en primicia, hace unos días Martínez-Simancas envió un correo electrónico a la defensa del empresario madrileño, investigado por un presunto delito contra la Hacienda Pública, en el que confirmaba a su abogado la predisposición a retirar, por su parte, la acusación por falsedad documental en las dos facturas bajo sospecha que dieron lugar a la judicialización del procedimiento fiscal.

Sin embargo, este diario ha podido confirmar que, a fecha de hoy, el abogado del Estado ha sido relegado a un segundo plano para situar al frente de la causa a una nueva responsable, Zaida Fernández Toro. Y ello pese a que la profesional es la misma que defiende a la fiscal Pilar Rodríguez, jefe de la Fiscalía provincial de Madrid, en la causa que González Amador tiene abierta contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos.

Fernández Toro fue, además, la misma abogada del Estado que firmó el informe con el que, el 21 de junio pasado, el Gobierno pedía al Supremo la aplicación urgente e inmediata de la amnistía a Carles Puigdemont, incluyendo la totalidad de los delitos que pesan sobre el ex presidente catalán y prófugo de la Justicia. Esto es: desobediencia y malversación.

La nueva maniobra del abogado del Estado, sustituyendo al encargado de la causa, parece complicar el cierre de un procedimiento que, según apuntan fuentes judiciales a El Debate, podría quedar resuelto en una vista a celebrar el próximo 17 de julio. No en vano, tanto el fiscal asignado al caso, como la defensa del novio de Díaz Ayuso, habrían trasladado a la jueza instructora, la magistrada María Inmaculada Iglesias, el posible escenario. A falta del escrito de la Abogacía del Estado que, a partir de ahora, dependerá de la nueva designada y del visto bueno de la AEAT, en último término.

Cabe recordar que, Vilas Álvarez frustró cualquier opción de pacto inmediato, recién estrenado en sus funciones, al ovbiar que son varios los indicios según los cuales la conducta de González Amador, de acuerdo con las pesquisas realizadas hasta la fecha, no habría incurrido en dolo. Es decir, el empresario madrileño no cometió el delito a sabiendas.

A ello apuntarían detalles tan significativos como el hecho de que la propia Agencia Tributaria, perjudicada en la causa y a la que representa la Abogacía del Estado, estuviese conforme con que ninguna de las dos facturas cuestionadas son falsas, entienda que en la actividad del novio de Díaz Ayuso no existen sociedades pantalla y que, en el mes de julio de 2023, González Amador realizó un pago al hilo de sus asientos contables para regularizar su situación con Hacienda. Y lo hizo antes, incluso, de tener conocimiento del sentido de la inspección.

En contra, la acusación popular que representan Más Madrid y el PSOE madrileño que, lejos del acuerdo, instaban el pasado día 24 de junio –última fecha fijada para la declaración de González Amador, en sede judicial– la suspensión de la cita ante el Juzgado de Instrucción número 19, para que se ampliase la investigación a varios supuestos nuevos delitos.