El nuevo fiscal en el caso del novio de Ayuso condiciona un posible pacto al visto bueno de la acusación del PSOE

La noticia de que el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Aberto González Amador, estaba siendo investigado por la Fiscalía madrileña por un presunto delito de fraude tributario y falsedad documental, saltaba tras filtrarse una parte de los mails intercambiados entre su defensa y el instructor público del caso, el ya reemplazado fiscal Julián Salto, en el marco de las negociaciones establecidas para llegar a un mutuo acuerdo que pusiese fin al procedimiento.

Varias semanas después –y cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ya ha admitido la querella del empresario contra el Ministerio Público por revelación de secretos– el nuevo fiscal asignado al asunto, Diego Lucas, habría manifestado, de manera informal, que la reactivación de las conversaciones necesarias para alcanzar un eventual pacto de conformidad pasan, por hacer partícipe de dicha posibilidad, como mínimo, al abogado del PSOE con el que reconoce tener buena sintonía.

Varios expertos consultados por El Debate aseguran que, si bien el criterio del fiscal es «ajustado a Derecho», no hay «ninguna obligación legal expresa» que le imponga implicar al resto de las partes personadas en el procedimiento, salvo la propia Fiscalía y la Abogacía del Estado, «en los detalles» de una futura y eventual negociación. En especial, «si se tienen en cuenta los antecedentes de un caso en el que la difusión de información sensible» frustró el éxito del «intento previo».

Cabe recordar que la jueza del instrucción número 19 de Madrid, encargada de las diligencias abiertas contra el novio de Isabel Díaz Ayuso –citado el próximo 24 de junio en calidad de investigado para declarar – rechazaba la posibilidad de reforzar los mecanismos de protección existentes, como le solicitó la defensa de González Amador, para asegurar que no pudiesen volver a filtrarse datos personales del mismo.

Y es que, según publicó El Debate en primicia, la magistrada María Inmaculada Iglesias rechazaba, en un auto de 6 de mayo, tomar medidas extraordinarias para proteger los derechos fundamentales de la pareja de la presidenta madrileña que, presuntamente, se habrían visto vulnerados por la Fiscalía, como ya investiga el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en el contexto de un posible delito de revelación de secretos.

No en vano, en dicha resolución, la juez Iglesias descartó la posibilidad de que las partes personadas en el procedimiento en curso – el PSOE-M, Mas Madrid y una representante del sindicato CCOO– sólo pudiesen acceder y visionar los soportes digitales de datos personales que forman parte del sumario con los medios (ordenadores) del propio juzgado y siempre en presencia del Letrado de la Administración de Justicia, como pedía para sí mismo la defensa de Alberto González.

El letrado de la pareja de la presidenta de Madrid siempre ha manifestado su intención de colaborar en la resolución de un asunto que arrancaba, en 2023, cuando el empresario abonaba las cantidades en discusión, con el recargo adicional previsto en nuestro ordenamiento, que ascendía a varios cientos de miles de euros de más de lo inicialmente discutido. Sin embargo, con ello, no consiguió evitar que la Fiscalía de Madrid presentara el pasado mes de marzo una denuncia contra él por la presunta comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública.