El rector de la Complutense declaró secretos los contratos y negocios de la cátedra de Begoña Gómez que ahora denuncia

El rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, ha sido el gran protector de Begoña Gómez, según la documentación obtenida por El Debate, demostrativa de hasta qué punto promovió la «cátedra» y escondió su funcionamiento, aunque ahora acuda al juez Peinado a denunciar posibles irregularidades que, en realidad, no tuvo interés alguno en señalar y difundir.

¿Cuántos contratos ha tenido Begoña Gómez al frente de la «cátedra extraordinaria» creada «a dedo» para ella en la Universidad Complutense? ¿Ha facturado a terceros por sus servicios? ¿Cuáles son los ingresos que han tenido, desde ese atril universitario, en su empresa o a título personal con la excusa académica de la transformación social?

Algunas de esas preguntas del millón pudieron tener respuesta sencilla si el rector, Joaquín Goyache, no hubiera dado órdenes expresas de ocultar la información que permitiría conocer si la esposa del presidente hizo negocios desde una herramienta pública universitaria.

La «omertá» del rector queda recogida en un documento oficial, con número de registro 19/2024 y fecha de 30 de mayo, que obra en exclusiva en poder de El Debate y contradice su repentina disposición, probablemente para intentar salvarse de la quema, de denunciar ante el juez una parte del funcionamiento de la cátedra que él mismo avaló, discutió con Begoña Gómez en una reunión en La Moncloa y ha tratado de proteger hasta ahora.

En ese documento en propiedad de este periódico, el jefe de Begoña Gómez impone absoluto silencio acerca de todas las cuestiones económicas y administrativas referentes a la Cátedra y de manera expresa al «presupuesto de la cátedra para los ejercicios, 2023 y 2024», liquidaciones de los ejercicios ya vencidos, y la «relación de financiadores de la cátedra ajenos a Fundación La Caixa y Reale Seguros que hayan realizado cualquier tipo de aportación a la cátedra», así como también con respecto a los acuerdos de colaboración que se hayan firmado en el seno de la institución.

El rector, que ahora se ha dirigido al juez Peinado para denunciar una posible apropiación indebida de recursos de la Universidad por parte de su «catedrática», se negó hasta ese momento a informar acerca de los acuerdos que vinculan a grandes empresas tecnológicas con la Cátedra a cuyo frente aceptó situar a la esposa del presidente, tal y como desveló El Debate, pese a sus intentos posteriores de distanciarse de un nombramiento inviable sin su consentimiento expreso.

El rector impuso el silencio sobre todas las actividades económicas que Begoña Gómez pudiera haber hecho desde la cátedra aunque ahora acuda al juzgado

Del mismo modo, denegó el acceso al nombre de los integrantes del comité asesor, las actas de las reuniones en las que fueron nombrados o en las que participaron, además del salario percibido por cada uno de los miembros del claustro de profesores que han impartido los cursos.

El silencio del mandatario académico, con el que impide conocer las tripas de la cátedra entregada a Gómez pese a no ser licenciada ni constar méritos, se intenta justificar con una sorprendente coartada, además: no «comprometer o perjudicar la investigación (…) que lleva a cabo “la comisión de investigación del Senado» sobre los contratos vinculados a la pandemia del covid y la «intermediación de Koldo García, así como los posibles casos de corrupción que (…) tengan relación con las actividades y contactos de las personas que forman parte de la trama investigada en la Operación Delorme».

Se trata de la operación llevada a cabo por la UCO de la Guardia Civil y por la que fueron detenidas 20 personas, entre ellas Koldo García, acusadas por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho cometidos en las millonarias adjudicaciones de administraciones socialistas para la adquisición de mascarillas en plena pandemia.

El rector vendría así a reconocer, de manera inesperada, posibles vinculaciones existentes con la cátedra dirigida por la esposa de Sánchez, epicentro de las actividades de algunos investigados como Carlos Barrabés.

Para justificarlo todo, la secretaria general de la UCM, Raquel Aguilera, invocó en nombre del rector el deber de la institución de evitar un perjuicio para «la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios» que están en marcha alrededor de Begoña Gómez.

Algo que, repentinamente, ha cambiado esta semana: el rector ha pasado de impulsar la cátedra, renunciar a su control, proteger su funcionamiento y esconder literalmente las gestiones de la esposa del presidente a convertirse, de facto, casi en parte de la acusación contra su hasta ahora protegida.

La protección a Gómez se extendió incluso cuando su papel ya estaba siendo investigado en un juzgado y escrutado en una Comisión del Senado, por la que ya han pasado comparecientes con testimonios demoledores que no cambiaron la defensa universitaria de la esposa de Sánchez.

Entre ellos el de Leticia Lauffer, expresidenta de Wakalua Hub, filial de Globalia, que confirmó la presencia y participación activa de la mujer del presidente del Gobierno en sendas reuniones celebradas en la sede de la empresa matriz de Air Europa en junio y julio de 2020.

Además, siempre bajo la versión de Lauffer, la relación entre la mujer del presidente del Gobierno y el ex CEO de Globalia, Javier Hidalgo, vinculado con la trama de la compraventa de mascarillas y que tiene su epicentro en el Ministerio de Transportes mientras estuvo dirigido por José Luis Ábalos, era de «línea directa».

Las recomendaciones de Begoña

Junto a ello, fue Lauffer, tal y como ha reconocido en el Senado quien presentó a Javier Hidalgo y Carlos Barrabés, propietario de la UTE apoyada con cartas de recomendación de Begoña Gómez, un asunto que está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

De hecho, la existencia de esta investigación es otro de los argumentos esgrimidos por la UCM para evitar facilitar más información, al asegurar que «es de conocimiento público que en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid existe abierto un procedimiento de diligencias previas (1146/2024) por un supuesto delito de corrupción en el sector público y tráfico de influencias, en el cual se está llevando a cabo una investigación que de la misma forma puede verse perjudicada».

Esta opacidad impuesta por el rector pone de manifiesto la delicada situación judicial penal en que se halla inmersa Begoña Gómez y su cátedra, pero también la propia UCM y el rector Goyache, que hasta pocos días antes de acudir al juzgado quitaba importancia al desarrollo de la plataforma y al coste que pudo suponer para las arcas de la universidad.

Tras estallar la polémica, Goyache aseguró que «ese software no se hizo con dinero de la Universidad Complutense, se hizo con el dinero de la cátedra que tuviera que pagar el que sea, que yo no lo sé ni me importa».

Sin embargo, su papel como rector incluye, entre otras funciones, la de velar por el patrimonio y las cuentas de la UCM. La Asamblea de Madrid, a instancias del PP, ya ha iniciado el procedimiento para investigar si ha existido trato de favor hacia Begoña Gómez por parte de la institución.

El Acuerdo del Consejo de Gobierno de la UCM de fecha 15 de diciembre de 2015, por el que se aprueba el Reglamento de creación de cátedras extraordinarias y otras formas de colaboración entre la Universidad Complutense de Madrid y las empresas establece en su artículo 16 que «el material inventariable adquirido mediante la financiación específica a través de las diferentes fórmulas de colaboración contempladas en el presente documento, será patrimonio de la Universidad y, como tal, se registrará en su Inventario de Bienes Muebles».

El rector intenta ahora distanciarse de Gómez, pero ha hecho lo imposible por ocultar el funcionamiento de su «cátedra»

Asimismo, respecto a los derechos de propiedad intelectual e industrial, el artículo 18 señala que «la titularidad de los resultados derivados de los contratos se explicitarán en cada contrato, conforme a lo establecido en la Ley 11/1986, de 20 de Marzo, 7 de noviembre, por la que se aprueba la Ley de Patentes y en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. En todos los contratos que generen resultados susceptibles de explotación, deberá reservarse un porcentaje mínimo de participación en los beneficios a favor de la UCM del 10 %».

El rector, en fin, se ha negado a hacer públicos todos los contratos y convenios suscritos por la cátedra dirigida por la esposa de Sánchez, algo que en principio debió ser rutinario pero se escondió premeditadamente con excusas anuladas por él mismo ahora: de no querer que se supiera nada ha pasado a ponerse el primero en su preocupación ante el juez por las posibles irregularidades cometidas por su hasta hace cinco minutos protegida.