Conde-Pumpido y García Ortiz, los cooperadores de Sánchez en el desguace del Estado de Derecho

La llegada de Cándido Conde-Pumpido a la presidencia del TC –fraguada tras varias visitas del veterano jurista a la Moncloa en los meses previos a la renovación– ha garantizado a Pedro Sánchez el control del órgano, en la sombra, tras el vuelvo del Pleno a una mayoría de izquierdas, en un momento en el que la Corte ha tenido que decidir sobre las causas más polémicas del Gobierno.

Más de una veintena de sentencias anuladas a la Sala de lo Penal del Supremo desde su llegada al cargo, entre las cuales un total de 11 proceden de la 'amnistía' concedida a los máximos responsables políticos del fraude de los ERE de Andalucía que se ha consumado, esta misma semana, gracias al aval de los siete miembros del Pleno más afines al Ejecutivo socialista.

Consciente de la necesidad de conformar un bloque único y nada más resultar elegido, Conde-Pumpido estrenaba su «rodillo» para dejar sin representación institucional al ala conservadora, en minoría de cuatro magistrados, con una vacante sin cubrir durante los dos pasados años y tras designar como vicepresidenta a Inmaculada Montalbán, ponente de los polémicos fallos que han desguazado la responsabilidad de los socialistas al frente de la Administración autonómica en el mayor escándalo por corrupción de la historia de nuestra democracia. Un total de 680 millones de euros malversados a los parados para entregarlos a empresas, presuntamente, en crisis.

Conde-Pumpido, se estrenaba al frente de su mandato rompiendo una norma no escrita en el seno del Tribunal, según la cual tanto el primero como su segundo deben ser elegidos entre los jueces que se encuentran en el último tercio de su nombramiento –no en el primer año de andadura, como sucedía con Montalbán– y, en todo caso, respetando la alternancia de sensibilidades ideológicas en los dos puestos de mayor responsabilidad.

Desde entonces, no ha dejado de atesorar decisiones polémicas, en contra de la propia doctrina de la Corte de Garantías y de los principios jurídicos que él mismo defendía cuando era fiscal general del Estado, bajo el mando del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Todo un rosario de resoluciones que han rechazado los recursos de la oposición política –frente a las normas y decretos de Sánchez– la cual no ha conseguido ganar una sola causa desde que Conde-Pumpido está al frente del órgano.

La Fiscalía más cuestionada

No en vano, la Fiscalía es y ha sido, junto con el TC, pieza angular en los planes de Pedro Sánchez para colonizar la Justicia española, en contra de la independencia y la separación de poderes que, desde Europa, nos exigen desde hace años en los diferentes informes en los que se ha analizado la calidad democrática de nuestro Estado de Derecho.

El dictamen de la Comisión de Venecia, sobre la Ley de Amnistía aprobada para borrar las consecuencias del procés catalán, a cambio de siete votos para la investidura; o, el informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) que, año tras año, nos exige adoptar medidas orientadas a asegurar la imparcialidad de jueces, magistrados y fiscales, son buena prueba de ello.

Sin embargo, en un escenario en el que el fiscal general del Estado ha sido señalado por sus polémicos nombramientos a favor de los miembros de la Unión Profesional de Fiscales (UPF), de la que él mismo fue presidente antes de ser designado número dos de la Carrera, de la mano de Dolores Delgado; condenado por «desviación de poder» ante el Supremo, tras el ascenso de su predecesora a la más alta categoría del escalafón; declarado «inidóneo» por la mayoría del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), antes de su reelección; y, recientemente imputado, por primera vez en la historia de nuestra democracia para alguien de su posición, por un presunto delito de revelación de secretos, ante el Alto Tribunal, la credibilidad del Ministerio Público pasa por sus horas más bajas.

García-Ortiz salía al paso del esperpento jurídico de la ley del 'sí es sí', publicando un decreto en el que unificaba criterios de actuación para los miembros de la Fiscalía y en el que estableció que no apoyasen la revisión de sentencias condenatorias, a la baja, en los casos en los que las penas impuestas siguiesen vigentes en la nueva horquilla que fijó el Código Penal para cada tipo de delito contra la integridad sexual, tras el cambio legal orquestado por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero.

Un criterio que, sin embargo, fue tumbado de forma mayoritaria, por los tribunales de todas las instancias a lo largo y ancho de nuestra geografía. El saldo final, todavía sin cerrar, superó el millar de violadores y pederastas beneficiados y la excarcelación anticipada de más de un centenar de ellos.

En el mismo sentido, García-Ortiz, contribuyó en allanar el camino a la aplicación total e inmediata de la amnistía, después de haberse negado hasta en 3 ocasiones a cooperar con el Senado en la calificación de la norma, previa a su aprobación parlamentaria, en contra de la voluntad de la mayoría del Pleno del Consejo Fiscal.

También para salvar, gracias a su propio voto y el de su amiga y mentora Dolores Delgado – quien tras perder la condición de fiscal de Sala no debió participar en la Junta de fiscales convocada para la ocasión– su tesis a favor del borrado penal íntegro del procés, en contra del criterio de los cuatro fiscales encargados de la causa especial del 1-O en el Supremo y de la visión de los fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Paradójicamente, el máximo responsable de la legalidad en nuestro país, caerá por desatenderla. Será un presunto delito de revelación de secretos, por dar la orden de filtrar datos confidenciales de un particular, en una nota de prensa emitida por la Fiscalía Provincial de Madrid, contra el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en el marco de una negociación para un pacto de conformidad en un procedimiento de investigación tributaria, el que podría hacer dimitir a García-Ortiz a la vuelta del verano.

No sin antes maniobrar, como último servicio prestado a los suyos, para salvar la cuestionada designación de Dolores Delgado al frente de la plaza de Memoria Democrática y Derechos Humanos, como ha venido adelantando El Debate, en exclusiva, en las últimas semanas. Ésta será la semana clave.