Puigdemont golpea a Sánchez por segunda vez en un día y tumba la reforma para el reparto obligatorio de menores

Estos días atrás ya se había dejado entrever por las declaraciones del PP y de Junts que la reforma de la ley de extranjería planteada por el Gobierno central y el canario no iba a pasar su primera prueba en el Congreso. Y finalmente, la proposición de ley que este martes llevaban a la Cámara el PSOE, Sumar y Coalición Canaria no superó la votación para su admisión a trámite. El texto contó con 171 votos a favor, el de los socialistas, Sumar, ERC, EH Bildu, el PNV, el BNG, Podemos y CC, y 177 en contra, los del PP, Vox, y también Junts, que este mismo martes rechazó la senda de déficit propuesta por el Gobierno. UPN se abstuvo.

La votación de este martes volvió a evidenciar la debilidad del Ejecutivo y su dificultad para recabar apoyos. En paralelo al Pleno, durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la portavoz, Pilar Alegría, vino a mostrar que el Ejecutivo central no tiene otra alternativa sobre la mesa, como ya contó El Debate hace dos semanas.

Sin el apoyo de Junts necesitaban, si no el 'sí', al menos la abstención de los populares. Ante el eventual 'no' del PP este martes, la ministra Alegría y la vicepresidenta Yolanda Díaz cargaron contra la formación desde Moncloa. «Al PP le sobran excusas y le falta solidaridad y responsabilidad», dijo la primera. «Estamos viendo el lado más inhumano del PP; (...) no tienen piedad», afirmó la segunda.

Todos los socios del Gobierno, salvo Junts, se mostraron a favor de la iniciativa, con modificaciones. «Debemos ser capaces de dar una respuesta al esfuerzo y sacrificio que están llevando a cabo canarias, Ceuta y Melilla. Hoy toca votar y no hay más tiempo», sostuvo el diputado socialista Luc Andre Diouf, encargado de defender la propuesta. «No hay excusas. No hay más tiempo», insistió. «Ni excusas económicas, ni excusas competenciales, ni excusas de diálogo ni de negociación. (...) Los recursos están ahí, la reforma de la ley nos espera », expresó por su parte la socialista María Guijarro.

Desde Sumar, Nahuel González, instó al PP y a Junts a reconsiderar su postura. «Apelamos a la humanidad, a la empatía, y la altura de miras», dijo en la misma línea, y acusó a Vox de «hipocresía». También desde Podemos, la diputada Noemí Santana llamó a la «corresponsabilidad» alas comunidades. Y desde Bildu, Jon Iñarritu calificó la reforma como «de sentido común» y la asimiló a la fórmula de redistribución que votaron socialistas y populares en Bruselas, en el Pacto de Migración.

Como «imprescindible» describió el diputado de ERC Jordi Salvador abordar la llegada de menores, aunque aseguró que pedirán cambios en la ley. «Queremos acoger si pero lo queremos hacer bien», dijo. Más crítico se mostró el PNV. La diputada Maribel Vaquero señaló que esta reforma «no deja de ser un parche necesario y urgente», pidió una política migratoria «adaptada a la realidad actual» y sugirió que las comunidades que menos menores han tutelado hasta ahora sean las primeras en acoger ahora.

Coalición Canaria, uno de los partidos proponentes, reclamó que si no había acuerdo, no se votara y siguieran hablando. «Si no tienen otra solución que nos convenza, les voy a pedir que nos demos plazo para seguir hablando y dejemos sobre la mesa este acuerdo», señaló la diputada Cristina Valido, urgiendo a aprobar una reforma que pueda terminar con el colapso en las islas. «Los canarios no podemos decir 'no los atendemos si el Gobierno no nos garantiza perritas', 'no los atendemos si no nos garantizan condiciones'», criticó.

Por su parte, el partido de Carles Puigdemont ya había manifestado un 'no' rotundo desde el principio si no se excluía a Cataluña de ese reparto obligatorio de menores extranjeros no acompañados llegados a Canarias entre las demás comunidades autónomas. Y no varió de opinión. «Cataluña es tierra de acogida, lo ha sido siempre. La respuesta del Gobierno español a esta extraordinaria solidaridad no ha sido negociar, empatizar y tener la voluntad de conocer cuál es la realidad de nuestra tierra, (...) ha sido la de siempre, abusar de esta solidaridad», manifestó la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, que defendió que la reforma planteada por el Gobierno «ni da tranquilidad ni da seguridad» ni a los que llegan ni a los que viven en Cataluña. Así, reclamó al Ejecutivo retirarla y trabajar un acuerdo «negociado» con esta comunidad.

Quien había expresado su 'no' desde que se puso sobre la mesa este debate es Vox, al entender que fomenta el efecto llamada y extiende y cronifica el problema en vez de atajarlo. De hecho, que las comunidades del PP aceptaran el reparto de menores el 10 de julio llevó al partido de Santiago Abascal a romper los acuerdos regionales. El diputado de Vox Alberto Rodríguez recriminó al Gobierno no cumplir ni hacer cumplir las leyes en materia migratoria, recordando que el artículo 35 contempla que se promuevan acuerdos con los países de origen de los inmigrantes para el retorno de los menores. «No se puede quitar el pan a los propios hijos para dárselo a otros, es un principio de moral universal», remarcó Rodríguez ante los ataques de la izquierda.

Desde UPN, Alberto Catalán también criticó la política migratoria del Gobierno: «No existe una política real y efectiva (...). Lo que está ocurriendo en Canarias es una prueba evidente». Catalán defendió que la cuestión migratoria no se solventa con las fronteras abiertas ni con «subsidios permanentes sin ningun tipo de compromiso de inserción laboral», y alertó sobre como algunas zonas de España «se están convirtiendo en auténticos guetos».

La posición del PP en realidad no era una incógnita, porque las declaraciones de Feijóo y de dirigentes populares estos días indicaban que no iban a apoyar la reforma tal como estaba planteada por el Gobierno. Y finalmente votó en contra. La diputada Ana Alós enumeró las exigencias de su partido para empezar una negociación, desde la declaración de emergencia migratoria a nivel nacional y la convocatoria de una conferencia de presidentes para hablar de esta cuestión «con diálogo real» con las regiones y «no con imposiciones», hasta el compromiso de «financiación real». Los populares recriminan al Ejecutivo central la falta de política migratoria y ven en esta reforma «un parche y un chantaje» a su partido, así como un intento de escudarse detrás de las comunidades autónomas, un «yo reparto y tú te apañas», reprochó Alós.

«Lo que no tienen ustedes es un plan A. El PSOE lleva gobernando seis años y ha sido incapaz de impulsar una política migratoria seria y pretende despacharlo en media hora de debate», expresó la diputada popular, y reivindicó la «solidaridad» de su formación: «Las comunidades gobernadas por el PP acogen el 81 % de los menores extranjeros no acompañados; las del PSOE, el 2,5 %. ¿De qué nos quieren dar exactamente lecciones, señorías socialistas?».