Financiación a la carta

Hace unos días se celebró el Consejo de Política Fiscal y Financiera en lo que volvió a resultar una nueva falta de respeto del Gobierno de Pedro Sánchez. Lo fue porque concluyó sin que la ministra Montero haya propuesto ningún nuevo modelo de financiación, tal y como habían solicitado 12 regiones distintas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Una solicitud que nace de la necesidad de reconocer nuevas responsabilidades que están asumiendo los gobiernos regionales por cambios regulatorios, ocurrencias y caprichos que está llevando a cabo el Gobierno central y que no está dotando con la financiación correspondiente.

Lo ha hecho con el argumento de que no hay acuerdo entre Comunidades Autónomas. ¿Cómo lo va a haber si a quien, por responsabilidad y competencias, le corresponde presentar una propuesta no lo ha hecho? Tiene que ser Sánchez quien la traslade a los distintos gobiernos regionales para debatir, presentar alternativas o mejoras y, en su caso, intentar llegar a un consenso. Sin embargo, el Gobierno, en una muestra más de su permanente dejadez, inmadurez y falta de diligencia, no toma iniciativa ninguna.

Con todo, la verdadera razón no son esas muestras tan características de la izquierda en el poder, sino otra mayor: la mentira y el engaño.

Sánchez no ha presentado ninguna propuesta de reforma del sistema de financiación porque, lejos de debatirla de forma multilateral en el seno del Consejo, lo está haciendo de forma bilateral en las sombras, que es lo que le gusta, y lo está haciendo con aquellos a los que necesita: los independentistas y sus votos. Lo llame nuevo cupo catalán, financiación especial, financiación asimétrica… lo cierto es que, de espaldas al resto de regiones, Sánchez está pactando una financiación a la carta para Cataluña.

Hojas de ruta

Sus principios y hoja de ruta son los mismos que ha protagonizado el independentismo en la última década; una vez conseguida la Ley de Amnistía, redactada por los mismos a los que va a beneficiar, desamparando al poder judicial y rehabilitando a quienes rompieron la convivencia entre catalanes para que puedan volver a cometer los mismos delitos, la ansiada «financiación especial» no es sino la antesala de un nuevo referéndum y, de facto, la independencia fiscal y económica de Cataluña. Es el paso previo necesario para financiar un nuevo proceso secesionista, objetivo último y siempre declarado de los impulsores de la propuesta.

La propuesta independentista supone el punto y final para el sistema de financiación autonómica que hoy conocemos, acabando con dos de sus principios básicos: la igualdad entre territorios y, por tanto, entre sus ciudadanos, y la solidaridad entre esos mismos territorios, especialmente consagrados en la Constitución Española, en sus artículos 138 y 156.1. Como se ve, cada iniciativa de los independentistas catalanes está destinada a erosionar el principal pilar de estabilidad política, institucional y económica de nuestra Historia reciente, que es nuestra Carta Magna.

Estas nuevas reglas del juego supondrían poner en grave riesgo el mantenimiento de los servicios públicos en el resto de Comunidades Autónomas. En el sistema actual, Cataluña es una de las regiones aportadoras netas y su participación supone el 26% del total del Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Esenciales. Si, según los datos de liquidación de 2021, la aportación de Cataluña ascendió a 1.697 millones de euros, que equivale a los recursos que requieren Asturias, Cantabria, La Rioja y Murcia, y se permite que deje de aportarlos, como pretenden, ¿quién lo haría en su lugar? ¿Madrid y Baleares, las otras dos Comunidades que realizan aportaciones netas a la caja común, verían incrementado su esfuerzo financiero? No hay que descartar que, en su fijación con Madrid, Sánchez aproveche para menoscabar los servicios que reciben los madrileños por parte de su Comunidad detrayéndoles parte de sus recursos para contentar a aquellos que le mantienen en el poder. ¿O bien serán otras regiones, hoy receptoras, las que pasarían a ser aportadoras? Y en ese caso, ¿cómo financiarían los servicios que hoy prestan gracias a esos fondos que reciben de la solidaridad de otras regiones?

Con estos condicionantes, resultaría sorprendente que el PSOE siquiera sopesase la propuesta… si no es por Pedro Sánchez, un presidente que ya ha demostrado estar dispuesto a todo con tal de seguir en el poder: dispuesto a menoscabar nuestra Carta Magna y ordenamiento jurídico, a romper la igualdad entre españoles, cercenar la solidaridad entre las distintas tierras de España y a poner en riesgo los pilares de nuestra economía y estado de bienestar.

Con él no queda vestigio alguno de un socialismo moderado y con sentido de Estado, sólo una izquierda entregada al radicalismo, el totalitarismo y la imposición. Sólo queda Sanchismo, cada día más revestido de Chavismo.