Pedro Sánchez se querella contra el juez Peinado por prevaricar en la investigación contra su mujer

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha querellado por prevaricación contra el juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa que pesa sobre su mujer, Begoña Gómez, por un presunto doble delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios entre particulares. Así lo ha podido confirmar El Debate, de fuentes judiciales, apenas unos minutos después de que finalizase la comparecencia del líder socialista, en La Moncloa, como testigo citado por el magistrado y confirmado por el sustituto del mismo, Carlos del Valle.

En el escrito consignado por la Abogacía del Estado, se hace referencia a la decisión adoptada por Peinado de interrogarleen el Palacio Presidencial, en lugar de haberlo hecho por escrito, bajo el argumento de que los hechos por los que le iba a preguntar tenían relación con su condición de «marido» de Gómez y no de presidente del Gobierno. Sin embargo, Sánchez ha planteado la querella desde su posición institucional y no como ciudadano particular, tal y como fue llamado a colaborar con la Justicia.

«No nos parece posible lógicamente ninguna pregunta vinculada a la investigación de la que pudiese saber el testigo si no es teniendo relación con su cargo, precisamente por la construcción típica del único delito por el que se justifica el interrogatorio», ha reflejado la abogada del Estado en la querella, a la que ha tenido acceso este diario.

«La cuestión de la responsabilidad penal del juez comienza allí donde la aplicación incorrecta de la ley no puede ser imputada a la falibilidad humana, sino al abuso 13 de las funciones del juez. En estos supuestos la disfunción no es imputable al sistema, sino al juez, y es en estos casos donde se hace necesaria las exigencias de responsabilidad penal del juez como correlato o contrapeso que garantiza la libertad de responsabilidad y, de esta manera, la independencia», continúa la letrada pública.

Una carta que soslayaba la decisión

En una carta remitida por el presidente del Gobierno, hace unos días, en la que se adelantaba al juez su voluntad de «colaborar» con la Justicia, Sánchez ya insistía en que su declaración como testigo debía ser por escrito dado que la misma «resulta inescindible» de su cargo. «Es mi deber preservar el sentido propio de la institución», añadía.

Apuntaba, además, en la misiva remitida al juez Peinado, en cómo la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) diferenciaba entre la declaración de un presidente por hechos de los que tenga conocimiento por «razón de su cargo» o por hechos ajenos a su ejercicio como tal. En el primer caso, la norma daba la posibilidad de declarar por escrito; en el segundo, no, y éste es, precisamente, el escenario que atañe a Sánchez, a juicio de dos magistrados.

En este sentido, insistía Sánchez en que para «garantizar el estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico» y dadas las cuestiones que se investigan en la causa que dirige el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid la declaración «debe producirse conforme a lo establecido en el artículo 412.2 de la LECrim».

Y es que, desde un primer momento, tanto por parte de la defensa de Begoña Gómez, como de la Fiscalía, se ha vennido enarbolando el relato de que en la causa iniciada por el juez Peinado se investiga de manera prospectiva y general.

Sin embargo, el magistrado aclaraba en varias resoluciones que se rastrean «todos los actos, conductas y comportamientos» llevados a cabo por Gómez «desde que su esposo es el presidente del Gobierno», de acuerdo con el contenido de la «denuncia inicial» presentada por el sindicato Manos Limpias. Sobre la mesa, sus presuntos vínculos con el empresario Juan Carlos Barrabés y los contratos con éste que no quedaron en manos de la Fiscalía Europea.