Sánchez guarda silencio ante el juez, se querella contra él y se escuda en el Rey el mismo día

Había pocas dudas de que Pedro Sánchez no fuera a hacer una cosa distinta a la de acogerse al derecho a no declarar y no pronunciar más palabras que las que requería decir que es el cónyuge de la investigada y afirmar que, efectivamente, se acogía a su derecho a no testificar ante el juez. Y así fue. Según la defensa de su mujer, el abogado Antonio Camacho, la declaración en el Palacio de la Moncloa del presidente del Gobierno, que no se extendió más de dos minutos, se limitó a eso. No hubo explicaciones, como tampoco los dos viernes en los que estaba citada, como investigada, Begoña Gómez.

Las acusaciones populares, unificadas en Vox, habían preparado medio centenar de preguntas, que quedaron sin formular. La abogada de la formación de Santiago Abascal, Marta Castro, que fue la representante de las acusaciones presente en la sala de la declaración y la que iba a lanzar esas preguntas al dirigente socialista, remarcó ante los medios que ese derecho a no declarar, de acuerdo con el artículo 416 de la ley de Enjuiciamiento Criminal –que recoge que «los parientes del procesado en líneas directa ascendente y descendente», como su cónyuge o sus hermanos, están dispensados de la obligación de declarar– solo aplicaría en el caso de su mujer, pero «en ningún caso» con los otros dos investigados, el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, y el empresario Juan Carlos Barrabés. Cabe recordar que el primero declaró ante el juez que se reunió con Begoña Gómez en Moncloa, y lo volvió a confirmar este lunes esta vez declarando como imputado, y el segundo admitió que mantuvo varias reuniones Begoña Gómez y que en dos de ellas, en Moncloa, estuvo presente el presidente.

En cualquier caso, Sánchez guardó silencio. Quien sí habló poco después de terminar la declaración fue la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, que incidió en el argumentario de Moncloa y del PSOE: «No hay causa». De hecho, se refirió varias veces a la causa abierta contra Begoña Gómez como el «no-caso». «Hoy hemos visto que han venido a grabar un montaje con un claro objetivo, que es erosionar la imagen del presidente del Gobierno en base a un no caso», manifestó, al tiempo que criticaba a la prensa no afín, vaticinando que en los próximos días se filtrarían imágenes de la declaración de Sánchez «en algún pseudomedio digital conservador». «Toda nuestra confianza y toda nuestra tranquilidad porque somos perfectamente conscientes de que el tiempo pondrá a cada uno en su sitio», se afanó en remarcar la ministra.

Era la continuación de la línea argumental que, como ha venido contando El Debate, trasladan los socialistas desde la apertura de diligencias a Begoña Gómez. Entonces, en abril, el PSOE, siguiendo además la tesis defendida por Sánchez en su primera carta a la ciudadanía, se apresuró a tildar la denuncia de Manos Limpias, que había motivado esas diligencias, de «falsa» y señaló a la oposición y a la «derecha judicial». Los últimos días, tras conocerse la citación de Sánchez como testigo, la idea en la que han insistido los dirigentes del PSOE es en la de la «persecución» política y en que se archivará la causa. «¿Quién reparará el buen nombre de Begoña Gómez?», preguntó el ministro Félix Bolaños.

Pilar Alegría confirmó en rueda de prensa lo que había trascendido al poco de abandonar las acusaciones populares y los periodistas el entorno del complejo presidencial de Moncloa, toda vez que se resolvió que Sánchez no hablaría esa mañana: la querella interpuesta por la Presidencia del Gobierno contra el juez instructor del caso, Juan Carlos Peinado, por presunto delito de prevaricación. El Gobierno había movilizado dos veces a la Fiscalía contra la citación de Sánchez como testigo, y ahora lo hacía con la Abogacía del Estado. Se presentó -argumentó la portavoz- «en defensa de la institución de la presidencia del Gobierno». «Se pretende respetar la independencia y la labor del poder judicial, pero también defenderlo de las prácticas de quienes operan por motivos políticos y ajenos a la ley, y también defender la dignidad de la presidente del Gobierno para que esto no vuelva a suceder nunca más», sostuvo.

El día de Sánchez terminó en Palma, con motivo del tradicional despacho que mantiene con el Rey en la capital mallorquina cada año antes de las vacaciones. En esta ocasión, como contó este periódico, llegó casi 20 minutos tarde a su encuentro con el Jefe del Estado. Había cierta expectación por ver qué diría en su primera comparecencia tras su declaración, pero allí también guardó silencio.

El presidente del Gobierno eludió pronunciar palabra sobre su citación ante el juez y sobre la querella contra este, y lo hizo -dijo- por «respeto» al despacho que había tenido con Felipe VI. Habló del acuerdo con ERC para investir a Illa, habló también de vivienda o de la reforma de la ley de Extranjería, y también atacó a la oposición, pero evitó referirse a la cuestión judicial que le atañe. Se remitió a la rueda de prensa que dará como balance de fin de curso este miércoles a las 11:00 desde Moncloa.