Las endebles fronteras de España ante una avalancha inmigratoria interminable

El goteo en la llegada de inmigrantes a España no para de aumentar. Los últimos datos del Ministerio del Interior indican que en lo que va de año –desde el 1 de enero hasta el 15 de julio– han arribado a nuestro país un total de 26.585 de personas, un 89,6 % más que en el mismo periodo del año pasado. No obstante, el porcentaje crece de manera copiosa respecto al número de ilegales que han recalado en las islas Canarias, ya que en sus costas han desembarcado 19.793, un 160,8 % de inmigrantes más que respecto a los 6 primeros meses y medio de 2023.

Estas cifras coinciden prácticamente con las que maneja la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), entidad de la Unión Europea. Según esta organización comunitaria, hasta el mes de julio han llegado al archipiélago subtropical 19.636 inmigrantes, la mayoría de ellos provenientes de Mali (8.596), Senegal (3.875) y Marruecos (1.839).

Además –de acuerdo con los datos del Gobierno de la comunidad autónoma insular– hasta finales de año se espera el desembarco de otros 70.000 ilegales, de los que 7.000 serían menores extranjeros no acompañados (menas), tal y como ha explicado el presidente regional Fernando Clavijo. Precisamente la gestión de los menas está siendo un quebradero de cabeza para el Ejecutivo canario dado que «no pueden aguantar más» la gestión en solitario de estos menores.

Así las cosas, el abogado especializado en Derecho de Extranjería e Inmigración, Juan Ignacio Longobardo, ha explicado a El Debate que «cuando un menor no acompañado llega a España, el Estado sigue un protocolo detallado establecido en el Protocolo Marco para la Protección de Menores Extranjeros No Acompañados, aprobado en 2014».

El letrado también ha reseñado que «cualquier autoridad, institución o entidad que localiza a un menor extranjero no acompañado debe comunicarlo de inmediato a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), así como a la Delegación o Subdelegación del Gobierno y al Ministerio Fiscal» ya que «el CNP debe proporcionar en un plazo máximo de 72 horas una ficha de inscripción de los menores, que permite su identificación y registro en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA)».

«Si hay dudas sobre la edad del menor debido a la falta de documentos o inconsistencias en la documentación, el Ministerio Fiscal ordenará la práctica de pruebas médicas para determinar la edad, conforme al artículo 35.3 de la Ley de Extranjería (LOEX)», ha agregado Longobardo.

La comunidad autónoma correspondiente debe garantizar el bienestar, acceso a la educación, atención sanitaria y otros derechos fundamentales de los menasJuan Ignacio LongobardoAbogado

Tras ello, «si se establece que el individuo es menor de edad, tiene derecho a ser protegido por las entidades públicas competentes. La legislación vigente, incluyendo la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, garantiza su protección y amparo».

Además, el experto en la legislación de extranjería ha asegurado que «los menas son tutelados por la comunidad autónoma correspondiente, que debe garantizar su bienestar, acceso a la educación, atención sanitaria y otros derechos fundamentales». Además, «se aplican medidas de protección especial debido a su condición de vulnerabilidad, asegurando su integración social y cultural».

En este contexto, Longobardo ha subrayado que «la presunción de minoría de edad se aplica mientras no se establezca lo contrario», y que «si se determina que son menores, los menas estarán en situación legal en España». Igualmente, ha manifestado que el permiso de Residencia del menor no acompañado «puede ser iniciado de oficio por la Oficina de Extranjería, por orden superior, o a instancia del servicio de protección de menores», y que «la solicitud debe resolverse en un mes desde el acuerdo de inicio del procedimiento». «Esta autorización tiene una vigencia de dos años desde la fecha de la resolución del Ministerio Fiscal que puso al menor a disposición del servicio de protección», ha apostillado.

Por consiguiente, según su criterio, el jurista de Longobardo Pérez Abogado ha asegurado a este periódico que «la determinación de la edad de los menas es un procedimiento complicado que busca equilibrar la necesidad de proteger a los menores con la obligación de cumplir con las normativas migratorias» y que «la correcta identificación es crucial para garantizar sus derechos y evitar errores que puedan ponerlos en situaciones de mayor vulnerabilidad». Asimismo, ha expresado que «la jurisprudencia del Tribunal Supremo resalta la importancia de proteger el interés superior del menor y de realizar las pruebas de determinación de la edad de manera respetuosa y justificada».

Por todo ello, para este abogado, desde la legislación se debería «primar el principio general del ‘interés superior del menor’, garantizando su educación, integración y responsabilidad; aunque también debemos entender que hay un problema subyacente en el ámbito de la inmigración. Así como hay personas que vienen a España para mejorar su situación y la del país al que emigran, también existen personas conflictivas que pueden generar preocupación, independientemente de su nacionalidad».

El jurisconsulto también ha esgrimido que «no podemos afirmar que todos los menores no acompañados, o todos los inmigrantes, sean malos o buenos; cada persona es diferente y existe una obligación de atenderlos, pero no a cualquier precio. Trabajo con cientos de personas extranjeras que buscan un futuro mejor y vienen a aportar a España, ocupando puestos de trabajo que pocos quieren aquí, y lo hacen con gran ilusión. Sin embargo, también hay casos de personas que se saltan sistemáticamente el orden público, cometiendo delitos e infracciones».

«Necesitamos leyes flexibles para la integración y regularización, pero estrictas en cuanto a su cumplimiento. Es decir, si vienes a España para mejorar, estamos aquí para ayudarte y colaborar. Sin embargo, cuando una persona no desea integrarse –o se comporta como un delincuente– es necesario actuar en consecuencia. Así mantendremos la seguridad y calidad de vida no solo para los españoles, sino para todas las personas de bien, independientemente de su procedencia», ha zanjado Longobardo.