Los casos de la mujer y el hermano de Sánchez, Oltra, Igualada y otras causas en las que Vox se ha implicado en los tribunales

Una de las máximas de Vox es hacer oposición en las instituciones, en las calles y en los tribunales. Especialmente en estos últimos mantiene una intensa actividad, desde incluso antes de tener representación en el Congreso, cuando se personó como acusación en la causa del procés. Sin ir más lejos, como tal, este miércoles presentó ante el Tribunal Supremo un escrito para pedir la detención de Carles Puigdemont cuando pise suelo español.

El partido de Santiago Abascal ha presentado varias querellas contra Pedro Sánchez, la última la que interpuso la semana pasada por prevaricación y malversación por la querella que a su vez el presidente del Gobierno presentó, a través de la Abogacía del Estado, contra el juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso de su mujer, por prevaricación.

Pero también ha presentado hace unos días una querella contra el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido y los magistrados de la Corte de Garantías que votaron a favor de exonerar de su condena a los condenados por los ERE. O también en las últimas semanas, interpuso una demanda contencioso-administrativa ante el Supremo contra el nombramiento de Carmen Calvo como presidenta del Consejo de Estado. Y así una larga lista de acciones judiciales, coordinadas por el equipo jurídico que encabezan Marta Castro y Jorge Buxadé.

Estas son algunas de las causas más recientes y más mediáticas en las que la formación se ha implicado en los tribunales:

Caso Begoña Gómez. Vox está personado como acusación popular en esta causa que investiga la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios por parte de la mujer del presidente del Gobierno. En el procedimiento judicial que se sigue, el partido solicitó por ejemplo la citación de Sánchez como testigo, y, dado que no ha declarado, no ha descartado pedir que declare como imputado, así como la testificación de los consejeros delegados de las empresas vinculadas a Begoña Gómez, con el objetivo de conocer si el presidente les llamó para que favorecieran a su mujer.

Caso David Sánchez. Es la causa que se sigue en el juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, que investiga al hermano del presidente del Gobierno por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación y fraude a Hacienda y a la Seguridad Social. El Debate ha ido desvelando desde hace meses una serie de informaciones que acorralan a David Sánchez -también conocido como David Azagra-. Esta misma semana, ha revelado cómo la Agencia Tributaria concluye en un informe que el hermano del jefe del Ejecutivo es «incapaz» de justificar su patrimonio de 1,7 millones de euros, además de que tributa en Portugal, pese a que cobra de la Diputación de Badajoz. En este caso Vox está también personado como acusación popular y ha pedido la imputación de David Sánchez y su declaración junto a la de su mujer.

Caso PSOE. Lo que en un principio se llamó caso Koldo, por tener como uno de los cabecillas de la trama a Koldo García, el exasesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, terminó llamándose por la oposición el caso PSOE, por su magnitud y alcance, al salpicar a cuatro ministerios y a varios dirigentes socialistas. Se investigan las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia.

El partido de Abascal lo elevó una denuncia por este caso a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, tras lo que la Fiscalía Europea asumió la investigación. Desde el partido creen que entre el caso Koldo, el de la mujer de Sánchez y el de su hermano terminará habiendo un punto de conexión, aunque aún se investiga. De hecho, califican la trama como caso Moncloa o caso Gobierno.

Caso Oltra. El pasado junio, la Audiencia Provincial de Valencia decidió reabrir la causa contra la ex vicepresidenta de la Generalitat valenciana y ex consejera de Igualdad, Mónica Oltra, por el presunto encubrimiento de los abusos de su exmarido, educador en un centro de menores, a una menor tutelada en 2017. Lo hacía estimando de forma parcial los recursos de la acusación particular (que es la víctima) y las dos acusaciones populares, Vox -que en abril, cuando se archivó provisionalmente, se había adherido al recurso de apelación de la víctima contra la decisión de la Audiencia de Valencia de archivar el caso- y la asociación Gobierna-te-, al considerar que había indicios suficientes para seguir la causa.

Caso de la violación de Igualada. El pasado abril, el partido, como acusación popular, pidió ante la Audiencia Provincial de Barcelona el escrito de acusación contra el autor de la brutal violación en la localidad de Igualada, Brian Raimundo Céspedes, un inmigrante bolivariano que se encontraba en nuestro país de manera irregular, y que cometió esa agresión sexual en 2021, dejando a la víctima, menor de edad, lesiones graves e irreparables.

El mes pasado, la formación celebraba que habían logrado que se le condenara con 20 años de prisión por intento de asesinato y otros 15 por agresión sexual, y algo también muy significativo, el juez, como explicó la coordinadora jurídica, Marta Castro, impuso el cumplimiento íntegro de la pena y su posterior expulsión de nuestro país dada su situación de inmigrante irregular, así como la prohibición de volver hasta dentro de 10 años.

Caso del sacristán asesinado en Algeciras. Fue en enero de 2023 cuando la Policía detuvo a un marroquí, pendiente de expulsión, en Algeciras como autor del asesinato de un sacristán y el apuñalamiento a un cura al grito de «¡Alá!» en Algeciras. Vox solicitó a los pocos días, en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, la personación en el caso como acusación popular. El pasado mayo la Sala de lo Penal de la AN acordó seguir asumiendo este juicio por terrorismo.