El arduo proceso judicial al que podría enfrentarse Mónica Oltra tras la reapertura de su causa

La exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana y exlíder de Compromís, Mónica Oltra, se enfrenta a un horizonte judicial incierto y prolongado que podría definir su futuro político y personal. La reapertura del caso, ordenada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, ha puesto de nuevo en el foco mediático y judicial a Oltra y a otras 15 personas, debido a su presunta gestión negligente y encubrimiento del caso de abuso sexual perpetrado por su entonces marido contra una menor tutelada por la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas que ella dirigía.

En el centro de esta tormenta legal se encuentra el caso de abuso sexual ocurrido en 2017, cuando el ahora exmarido de Oltra, educador en un centro de menores, fue acusado de abusar de una menor tutelada. Al margen de la condena firme de cinco años de prisión para él, las actuaciones y decisiones de la Consejería liderada por Oltra durante el proceso han sido objeto de investigación.

El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia había decretado inicialmente el sobreseimiento provisional del caso, al considerar que los indicios de encubrimiento eran insuficientes, calificándolos de «meras sospechas y conjeturas». Sin embargo, la Audiencia Provincial de Valencia ordenó la reapertura del caso al estimar parcialmente los recursos interpuestos por la víctima y las acusaciones populares lideradas por Vox y la asociación Gobierna-Te. La Audiencia señaló que «hay suficientes indicios para proseguir con el caso», cuestionando la actuación de la Consejería dirigida por Oltra.

La Audiencia Provincial ha indicado que, «bajo la dirección de Oltra, no solo no se protegió adecuadamente a la menor, sino que se permitió que el educador implicado volviera a su puesto, poniendo en riesgo a la víctima». Además, la apertura de un expediente informativo por parte del departamento de la líder nacionalista, a pesar de que el caso ya estaba judicializado, podría haber tenido la intención de «desacreditar el testimonio de la menor y minimizar las acusaciones en su contra». Según los magistrados, este expediente «podría haber victimizado aún más a la menor al hacerla pasar por nuevas entrevistas y pruebas periciales, con el objetivo de influir en su disposición para acusar».

Los delitos a los que se enfrenta

Según el escrito de acusación del abogado de la víctima, la joven acusa a Oltra de tres delitos graves:

1. Prevaricación: Se le acusa de haber tomado decisiones administrativas injustas y contrarias a la ley con la intención de proteger a su entonces esposo y minimizar el impacto político del escándalo.
2. Malversación: La joven víctima ha solicitado una indemnización de 120.000 euros por daños morales, alegando que el manejo del caso por parte de Oltra implicó un uso indebido de recursos públicos.
3. Delito contra la integridad moral: Relacionado con el trato a la menor y las repetidas entrevistas e interrogatorios que tuvo que soportar.

Horizonte judicial y plazos clave

El proceso judicial que enfrenta Oltra se encuentra en una fase crucial, con varios plazos importantes previstos en los próximos meses:

1. La Audiencia: está programada para septiembre de 2024. En esta etapa, el juez determinará si hay suficientes pruebas para llevarla a juicio. La defensa intentará demostrar que las acciones de Oltra se enmarcaron dentro de la legalidad y que no hubo intención de encubrir el delito.
2. El juicio oral: en caso de que la Audiencia preliminar concluya con una acusación formal, el juicio oral podría iniciarse a principios de 2025. Este proceso será determinante para definir la culpabilidad o inocencia de Oltra. Durante el juicio, se presentarán testimonios y pruebas tanto de la acusación como de la defensa.
3. Posible sentencia: de ser declarada culpable, la sentencia podría llegar a mediados de 2025. Las penas por los delitos de los que se le acusa son severas: la prevaricación puede conllevar inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, la omisión del deber de perseguir delitos puede implicar prisión y multas, y el encubrimiento también puede resultar en penas privativas de libertad.

De ser encontrada culpable, la sentencia podría llegar a mediados de 2025. Las penas por los delitos de los que se le acusa son severas: la prevaricación puede conllevar inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, la omisión del deber de perseguir delitos puede implicar prisión y multas, y el encubrimiento también puede resultar en penas privativas de libertad.

Repercusiones políticas y personales

Desde su dimisión en junio de 2022, Mónica Oltra ha vivido «un auténtico calvario judicial y mediático» según su entorno. Su retirada fue inicialmente vista como una medida temporal por su partido, Compromís, con la esperanza de un eventual regreso a la política una vez resuelta favorablemente su situación judicial. Sin embargo, la reapertura del caso ha complicado esas expectativas, prolongando la incertidumbre y dañando cada vez más su popularidad entre los suyos. En caso de no demostrarse su responsabilidad penal, los detractores dentro de sus filas podrían ampararse en su responsabilidad in vigilando para dar carpetazo definitivo a la vida política de la líder nacionalista.

El archivo provisional del caso en abril de 2024 había dado un respiro a la exconsejera y sus seguidores, quienes vieron en esa decisión una posible vía para su regreso. Pero la orden de la Audiencia Provincial ha reavivado las dudas y complicaciones, haciendo que quienes defendían su inocencia deban, de momento, guardar silencio y esperar el desenlace judicial.

Compromís ha expresado su frustración ante la reapertura del caso, destacando que es la tercera vez que «la Audiencia actúa en contra de una decisión del juez instructor». Joan Baldoví, síndico de la formación nacionalista en Las Cortes, ha insinuado que el proceso judicial podría estar influenciado por «factores políticos», sugiriendo que el juicio «podría coincidir con una campaña electoral», afectando negativamente a la formación y sus aspiraciones de gobierno.

A pesar de las complicaciones judiciales, desde la izquierda nacionalista han mantenido abierta la posibilidad de un retorno de Oltra a la política, respaldada por su propio partido, Iniciativa, una de las tres patas de la coalición. Recientemente, en su asamblea, los afiliados ovacionaron a Oltra y le pidieron disculpas por no haberla defendido «con mayor firmeza».