Trapero, de las paellas con Puchi a los fogones de Illa

José Luis Trapero Álvarez (Badalona, 1965) es el ángel y el diablo del independentismo. Pero, el sabrá por qué, Salvador Illa baraja volverle a colocar al frente de los Mossos, ese cuerpo que hace diez días, con la tocata y fuga de Puigdemont, pareció más cuerpo del delito que otra cosa. Este licenciado en Derecho, que se formó en la Escuela de Policía de Cataluña, pasó de hacer una paella y agarrar una guitarra en la casa de Pilar Rahola en Cadaqués para cantar Paraules d’amor, de Serrat, en comandita con Laporta y Puigdemont, a declarar durante el juicio del procés, que él mismo contaba con un plan para detener al hoy forajido y que siempre fue visto con recelo por los sectores más radicales de Junts y ERC por su «acreditada independencia del poder político». Dice él.

Esa estampa del guateque, con estelada incluida, y la comilona con el entonces jefe de la Generalitat y su oficiosa y extravagante portavoz en las tertulias desnudó al personaje para quien el año 2017 supuso un antes y un después. A los pocos meses de ser nombrado mayor de la policía autonómica –cargo vitalicio–, por el consejero de Unió, Ramón Espadaler -al que ahora ha recuperado Illa-, tuvo que afrontar la discutible gestión de la actuación policial en los atentados de Barcelona y Cambrils. Aquella intervención le puso en el foco público por la negligente operativa de la policía regional en aquel verano, con el error añadido de que él mismo descartó un nuevo ataque tras la masacre de La Rambla, a pesar de que la policía española le había advertido de las amenazas. El atentado le pilló a Trapero de vacaciones.

Su connivente pasividad en el asalto a la Consejería de Economía le llevó a ser imputado por sedición

España ponía así cara a un responsable policial, con 27 años en el Cuerpo desde la escala más baja, que el 1 de octubre tuvo un protagonismo muy especial en el referéndum ilegal y especialmente en el dispositivo que montó en la Consejería de Economía para «proteger» la seguridad mientras actuaba la Guardia Civil: su connivente pasividad en la persecución de aquel delito –por lo que fue destituido por el Gobierno de Rajoy en virtud del artículo 155 de la Constitución– le llevó a ser imputado por sedición en el juicio que se celebraría dos años después.

Aunque la Fiscalía le pedía diez años de cárcel y uno de inhabilitación, inesperadamente se salvó de una condena de la Audiencia Nacional, a pesar de que las pruebas demostraron que impidió el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y desoyó las órdenes judiciales que le mandataban evitar la instalación de las urnas. Está claro que hizo más caso al consejero Forn, su jefe directo como titular de Interior, y uno de los cabecillas separatistas con más responsabilidad en los hechos.

Sin embargo, durante el juicio en la Audiencia Nacional, este hijo de un taxista de Valladolid llegó a defender que cumplieron todas las órdenes para impedir la consulta, pero «puede ser que interpretáramos mal algunas de ellas» (sic). Órdenes que le dio en persona el fiscal jefe de Cataluña días antes de la intentona y que, en coincidencia con la versión del coronel de la Guaria Civil Diego Pérez de los Cobos, no fueron atendidas por los Mossos, con el único objetivo de facilitar la votación aquel día. El hoy rehabilitado policía llegó a acusar a sus compañeros de que no se comportaron adecuadamente en los colegios electorales, salvándose él de la responsabilidad última. Eso sí, reconoció que nunca le gustó que el operativo lo dirigiera Pérez de los Cobos, mandado por Rajoy para coordinar la respuesta contra el golpe, y que jamás supo entenderse con él. Seguramente porque se sintió el alguacil alguacilado.

El hoy rehabilitado policía llegó a acusar a sus compañeros de que no se comportaron adecuadamente en los colegios electorales

Con quienes sí ha mantenido una entrañable amistad, que compromete gravemente su imparcialidad, es con Artur Mas y la susodicha Rahola. De gesto tosco, de Trapero también se recuerda su respuesta en catalán a un periodista holandés que tuvo que abandonar la sala de prensa tras quejarse de que no le hablara en castellano. Mayor de tres hermanos, vive en San Cugat del Vallés, uno de los municipios con mayor nivel de renta, y el independentismo le restituyó en el cargo entre 2020 y diciembre de 2021. Entonces fue sustituido por Eduard Sallent, el comisario jefe que hizo el ridículo hace unos días explicando el fallido operativo en la segunda huida de Puchi.

Ahora, el nuevo president socialista le quiere entregar la dirección de la policía catalana, el máximo escalón en la jerarquía de ese cuerpo policial. Le esperan 96.253,24 euros de salario y, sobre todo, la desconfianza general ganada a pulso por los Mossos, que tienen en su seno demasiados amigos de los delincuentes separatistas y son poco dados a cumplir las órdenes judiciales. Como Trapero.