Las dos opciones del PSOE para arreglar la pifia de la ley de paridad sin romper más platos

El Gobierno busca la forma de arreglar la pifia de la ley de paridad, que deja desprotegidos a los trabajadores que soliciten el permiso de cinco días por cuidado de un familiar. La única manera de hacerlo es modificando la ley -en vigor desde este jueves-, de manera que la solución pasa irremediablemente por las Cortes. Además, hay un inconveniente añadido: una ley orgánica, como lo es ésta, solo puede reformarse con otra ley orgánica. No sirve una ley ordinaria.

Tanto el Ministerio de Igualdad como el de Trabajo han asegurado que el «error técnico» se corregirá en cuanto el legislativo retome su actividad, puesto que el nuevo periodo de sesiones en el Congreso y el Senado no arranca hasta septiembre. «Va a ser subsanado a la mayor brevedad posible en cuanto se reinicie la actividad parlamentaria», prometió este jueves la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

Los socialistas tienen dos caminos: el recto y el atajo al que recurren casi siempre. Aunque, en este caso, no está claro que el atajo pueda ser más rápido que el camino recto.

La primera opción consiste en que el grupo parlamentario del PSOE redacte y registre, ex profeso, una proposición de ley orgánica que modifique la Ley orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, que es así como se denomina en el BOE.

Es lo que hicieron el año pasado para taponar el boquete de la ley del solo sí es sí, por el que se estaban colando decenas de agresores sexuales. Claro que entonces no se trataba de un mero retoque al texto legal de Irene Montero, sino de reformar cuatro artículos. Aunque los socialistas tramitaran esa hipotética proposición de ley por el procedimiento de urgencia, los dos meses hasta su entrada en vigor no se los quitaría nadie. Como poco.

El segundo camino, el atajo, consiste en utilizar un proyecto o proposición de ley orgánica que esté a punto de ser aprobada por las Cortes, aunque no tenga nada que ver, y colar en ella una enmienda que cambie la ley de paridad. La paradoja es que la propia ley de paridad ya fue usada para reformar, por el mismo sistema, la Ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Con el objetivo de despojar al Senado de su capacidad de veto sobre los objetivos de déficit y deuda públicos, el patrón que sirve anualmente para elaborar los Presupuestos Generales. Porque el PP tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta.

Pese a las quejas del PP en junio, la respuesta del Ejecutivo fue que era la vía «más rápida». Rápida sí, pero la letrada adscrita a la Comisión de Igualdad del Congreso alertó en un informe que este ardid podía ser inconstitucional, dada la «evidente la falta de conexión material entre la enmienda y la iniciativa que se tramita».

El PP, protagonista involuntario

Se da otra paradoja. La ley con carácter orgánico que actualmente está más avanzada es la Ley orgánica del derecho de defensa. La norma fue aprobaba por el Congreso el 12 de julio y enviada al Senado. Allí se encuentra en plazo de enmiendas hasta el 12 de septiembre. Lo ideal para el PSOE sería que el grupo parlamentario socialista en el Senado presentara una enmienda a la ley del derecho de defensa para cambiar la ley de paridad, que esta enmienda fuera aprobada y el nuevo texto enviado al Congreso para su aprobación definitiva.

Pero para ello los socialistas necesitarían el voto del PP, que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta. No obstante, los populares han sido muy críticos con la «chapuza» de la ley de paridad y no tienen ninguna intención de resolver al Gobierno la papeleta. La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, fue contundente este jueves en la red X: «Los ‘errores técnicos’ de las leyes progres de Sánchez: Solo sí es sí: suelta a violadores y pederastas. Trans: los agresores evitan condenas por violencia de género. Paridad: te despiden por conciliar y quita al Senado el veto en asuntos económicos».

Así que los socialistas deben seguir buscando. Avanzada está la ley que reconoce a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, que actualmente está en su trámite de enmiendas en la Comisión de Interior del Congreso. Pero también tiene un pero: es una ley para la que el PSOE se ha apoyado en el PP y Vox, y que cuenta con el rechazo de Sumar, ERC y Bildu. En junio, los socialistas sacaron adelante su toma en consideración gracias a que el PP y Vox votaron a favor. Así que el PSOE no podría utilizar esta norma como puerta para reformar la ley de paridad sin la bendición de, al menos, los populares. Nuevamente.

La solución imaginativa pasaría por servirse de una reforma de la ley orgánica sobre antecedentes penales que también está bastante avanzada. Concretamente, está en fase de dictamen en la Comisión de Justicia del Congreso, que es la antesala a su elevación y aprobación por el Pleno. Problema: el plazo para presentar enmiendas a esta norma terminó el 30 de julio. Pero el PSOE siempre es capaz de abrir una puerta cuando otra se le cierra, y más en una Cámara presidida por Francina Armengol.