El Gobierno culpa al PP de su incapacidad para resolver la emergencia de Canarias

Pedro Sánchez ha intentado apaciguar el malestar del presidente canario por la situación límite que viven las islas poniendo sobre su mesa 50 millones de euros. Una partida destinada a sufragar, al menos en parte, los gastos ocasionados por la tutela de los menores inmigrantes que se acumulan en Canarias.

El presidente del Gobierno se reunió este viernes con Fernando Clavijo en La Palma y, al margen de esos 50 millones, ninguna otra solución le dio. En una comparecencia posterior, el ministro de Política Territorial puso toda la responsabilidad de lo ocurrido en Canarias sobre los hombros del PP. «No hemos sido nosotros los del no. Habrá que preguntarles a los del no». «No depende de nosotros, nosotros hemos dado el voto», se excusó Ángel Víctor Torres. «La competencia de los menores es de las comunidades. No puede el Gobierno de España derivar a los menores y dar la tutela a otras comunidades», continuó.

El ministro aludía así a lo que ocurrió en el último Pleno del Congreso, en julio. Entonces, el PP -también Junts- votó en contra de la toma en consideración de la reforma de la ley de extranjería pactada entre los gobiernos central y canario, que otorgaba al Ejecutivo de Sánchez la potestad de obligar a las comunidades a recibir cupos de menores inmigrantes en caso de sobresaturación en una autonomía. Canarias en este caso. «De haberse aprobado el 23 de julio la admisión a trámite, en septiembre estaría en vigor», afirmó.

Torres insistió en que «la única solución posible» es una modificación de esa norma, con el necesario apoyo del PP. Puesto que los menores extranjeros no acompañados son competencia de las comunidades, y la mayoría están gobernadas por los populares. Así pues, el ministro remachó la necesidad de «seguir avanzando para que se sume el PP». De Junts, que también votó en contra porque quiere que Cataluña quede excluida de cualquier futurible reparto, no dijo nada.

Alberto Núñez Feijóo y su partido no se han negado a pactar con el Gobierno una solución para el problema de hacinamiento que sufre Canarias. De hecho, su disposición hizo que, en julio, Vox saliera de los gobiernos donde gobernaba en coalición con los populares: Comunidad Valenciana, Castilla y León, Murcia, Extremadura y Aragón, además de retirar el apoyo parlamentario al Ejecutivo balear.

Sin embargo, lo que el PP demanda es que esa modificación de la norma vaya acompañada de dotación presupuestaria para las comunidades. Y, además, de un plan de lucha contra la inmigración irregular. Como ha contado El Debate, el Ministerio de Interior estima que a finales de año hayan llegado entre 45.000 y 50.000 irregulares a las costas españolas. Solo en 12 meses, mientras el Gobierno italiano de Giorgia Meloni ha conseguido reducir sus cifras en un 64 % este 2024.

El martes, el PP registró en el Congreso una proposición no de ley con medidas para luchar contra las mafias en origen. Entre ellas, «desplegar a los agentes de las FCSE españolas en estos países de origen y tránsito para colaborar y cooperar con las autoridades policiales locales en la desarticulación de las mafias y organizaciones de tráfico de inmigrantes», pero «siempre respetando la soberanía nacional de cada país».

El próximo martes, Sánchez viajará a Mauritania, Senegal y Gambia en busca de un mayor compromiso de sus gobiernos en la lucha contra las redes de inmigración. La mayoría de los irregulares que están llegando a Canarias salen de las costas de Mauritania, malienses sobre todo.