Pedro Sánchez, María Jesús Montero y Félix Bolaños en una imagen de archivo en el Congreso
Todo un paripé
El Gobierno se dispone a prorrogar los Presupuestos de 2023 pero antes seguirá fingiendo
En el Ejecutivo dan por hecho que no habrá cuentas públicas de 2025 y ya preparan el terreno para justificarse. La única incógnita es si las presentarán sabiendo que no tendrán apoyos o ni eso
El Gobierno se encamina a una prórroga casi segura de los Presupuestos, lo que dejaría los de 2023 en vigor durante tres ejercicios consecutivos. En el PSOE lo dan por hecho y en Sumar también. No en vano, la Moncloa ya está preparando el terreno para justificarse.
Solo hay una incógnita por despejar: saber si el Ejecutivo elaborará y presentará los Presupuestos de 2025 a sabiendas de que sus socios se los van a tumbar o directamente se ahorrará el trago y no moverá ficha, incumpliendo nuevamente el artículo 134.3 de la Constitución («el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior», reza su texto).
La portavoz, Pilar Alegría, insistió el martes en que el Ejecutivo presentará los Presupuestos de 2025 «en tiempo y forma», porque es su deber. Sin embargo, es difícil pensar que Sánchez vaya a dar a Junts y al PP la satisfacción de verlo derrotado. No en vano, la lógica y la tradición política indican que un presidente al que el Congreso rechaza unos Presupuestos está obligado a convocar elecciones. Ha pasado dos veces en democracia: a Felipe González en 1995 y al propio Sánchez en 2019. Y en los dos casos el desenlace fue un llamamiento de los ciudadanos a las urnas.
En este sentido, tras el arranque del curso, fuentes gubernamentales ya ponen el énfasis en que, en caso de prorrogar, las cuentas públicas que se prorrogarán son suyas, no de un ejecutivo de otro signo. Ello en alusión a lo que le pasó al actual presidente con los Presupuestos heredados del ministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, cuando ganó la moción de censura. Lo que no dicen los socialistas es que las de 2023 también son unas cuentas elaboradas la pasada legislatura y de carácter expansivo, destinadas a paliar los efectos de la invasión de Ucrania: incluían récord de gasto social cifrado en 266.719 millones de euros, 274.445 millones contando con los fondos europeos. Es decir, el contexto era distinto.
En público, el Ejecutivo insiste en mantener el discurso de que no renuncia a los Presupuestos. Como si su deber constitucional de presentarlos fuera opcional, por otra parte. «Este Gobierno conoce perfectamente cuál es su responsabilidad y sus tareas. Vamos a trabajar para presentar unos nuevos Presupuestos. Ya llevamos distintas conversaciones. A partir de ahí entra la responsabilidad de los grupos políticos», señaló el martes Alegría.
Pero en privado, los de Pedro Sánchez ya están poniéndose la venda antes de la herida, buscando los culpables de su incapacidad para negociar y aprobar unas cuentas para el ejercicio 2025. En la Moncloa lo achacan a los congresos que tanto Junts como ERC celebrarán este otoño, y que distorsionarían una hipotética negociación presupuestaria. Se trata del mismo pretexto que puso el Ejecutivo cuando Pere Aragonès adelantó las elecciones catalanas y esa misma tarde Sánchez renunció a presentar los Presupuestos de 2024.
El martes, la Diputación Permanente del Congreso sirvió como termómetro de la relación del PSOE con Junts tras la investidura de Salvador Illa. Fue el primer careo parlamentario. Y el partido de Carles Puigdemont mantuvo una actitud del todo beligerante. Si Sánchez y varios de sus ministros se libraron de comparecer con urgencia en la Cámara Baja no fue precisamente por Junts, que votó en contra del Gobierno en las 10 votaciones.
Cabe recordar que, a estas alturas del año, el Gobierno ni siquiera tiene aprobados los objetivos de deuda y déficit públicos para el año que viene, condición sine qua non para presentar los Presupuestos. Y no los tiene aprobados porque, hasta finales de julio, el PP tenía la capacidad de vetarlos en el Senado, con su mayoría absoluta.
Lo que hizo el Ejecutivo para eliminar esa potestad de la Cámara Alta fue modificar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera por la puerta de atrás, como contó entonces El Debate: mediante una enmienda introducida con calzador en la ley de paridad, que quedó definitivamente aprobada por las Cortes el 23 de julio y entró en vigor el 22 de agosto. Desde el Ministerio de Hacienda justificaron la trampa sin ningún pudor: «Era la vía más rápida», señalaron entonces.
