Vox pide al Congreso quitar las ayudas a los menas que hayan delinquido y expulsarlos a los 18 años

Vox defenderá el próximo martes ante el Pleno del Congreso una reforma legal para quitar el subsidio de desempleo y otras ayudas a los menores extranjeros no acompañados (menas) que hayan estado internados por cometer delitos, si bien lo mantienen para los españoles.

La Ley General de la Seguridad Social incluye entre los beneficiarios del subsidio por desempleo «a los liberados de prisión» que cumplan los requisitos y que hayan estado más de seis meses en la cárcel, y esa ayuda se extiende también a «los menores liberados de un centro de internamiento en el que hubieran sido ingresados como consecuencia de la comisión de hechos tipificados como delito».

Además, se les proporciona de forma gratuita otra serie de ayudas para su subsistencia, seguridad y formación y cuando alcanzan la libertad son destinatarios de un subsidio público inembargable, algo que, según remarca Vox, «no perciben las víctimas de sus actos delictivos».

«Efecto llamada»

Pero Vox quiere hacer valer «la importancia de la nacionalidad» para quitar el subsidio a los menores extranjeros, a quienes considera responsables de la delincuencia con un debate y posterior votación en el Pleno del próximo martes.

«Nos encontramos con que la misma sociedad que ha padecido estos delitos cometidos por estos menores tienen que pagar con sus impuestos este subsidio que, por otro lado, no reciben las víctimas de estos actos delictivos», remarcó la portavoz de Vox, Pepa Millán, cuando presentó la iniciativa en rueda de prensa.

Según Vox, este subsidio genera un «efecto llamada» porque «quien delinque, está internado y sale, recibe un subsidio». «No es lógico que se premie a quien causó un perjuicio a nuestra sociedad, a quien no vino aquí a construir, sino a destruir, y es incomprensible que los ciudadanos honrados que se levantan todas las mañanas para trabajar financien con sus impuestos unas ayudas dirigidas a quien delinque», afirmó Millán.

A su juicio, «el dinero público y las ayudas sociales tienen que ir para quienes realmente las merecen y las necesitan» y no para «financiar la vida de quienes no quieren integrarse» pese a disponer de «distintos itinerarios formativos y profesionales que les facultan perfectamente para obtener títulos oficiales».

La propuesta de Vox, recogida por EP, señala también que, si una vez cumplida la medida de internamiento superior a seis meses el condenado ya ha alcanzado la mayoría de edad, «tampoco tiene sentido que perciba subsidio alguno».

«Llegado el caso, es el momento de que el menor, ahora mayor de edad, sea expulsado en aplicación de la legislación de extranjería en caso de que su estancia en territorio español fuera ilegal o, en su defecto, demuestre que ha aprovechado los recursos que, con el esfuerzo económico de la sociedad española, se han puesto a su disposición», añaden.