La última purga de García Ortiz solivianta a los fiscales: «Sus actuaciones comprometen la imparcialidad de la Fiscalía»

el último 'lío' de la Fiscalía General del Estado, a cuenta de la Ley de Amnistía, ha sido la gota que colma el vaso. La decisión de Alvaro García Ortiz de purgar al fiscal del Supremo José Antonio del Cerro, encargado de informar sobre el recurso de casación instado, a su vez, por el teniente fiscal superior de Cataluña, Pedro Ariche, contra el borrado penal concedido por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) al ex consejero Miquel Buch y al mosso que actuó como escolta de Carles Puigdemont, Lluis Escolà, ha soliviantado, una vez más los ánimos de la Carrera.

El fiscal general puede «remover a un fiscal del asunto» que se le ha asignado pero debe hacerlo «de acuerdo a una resolución motivada» de la que se informa «o debe informarse» al Consejo Fiscal, confirman varios fiscales consultados. Una premisa que García Ortiz no cumplió en el caso que El Debate ha publicado, en exclusiva.

Y es que según adelantó este diario, el máximo titular de la Fiscalía, al borde de su propia imputación, habría apartado –antes de verano– al fiscal del Cerro del asunto por el que, el teniente fiscal superior de Cataluña, aspiraba a discutir en el Alto Tribunal el borrado penal del delito de malversación, por importe de casi 53.000 euros, aplicado a los dos primeros beneficiados por la amnistía.

Y es que, sin perjuicio al derecho a la presunción de inocencia que asiste a García Ortiz, como a cualquier otro ciudadano, su situación procesal en el Supremo, por un presunto delito de revelación de secretos, unida a sus comportamientos «anómalos» al frente del Ministerio Público, «comprometen cada vez más la imparcialidad de la Fiscalía», afean fuentes próximas a la institución.

Un orden verbal por teléfono

La decisión de prescindir del fiscal del Cerro, antes si quiera de que pudiera abordarlo, se le notificó desde la Fiscalía General del Estado, de manera verbal, a través de una llamada de teléfono, el pasado día 3 de agosto, pocas horas después de que se le asignase el asunto de acuerdo con los turnos ordinarios de distribución; y, por lo tanto, sin la motivación exigida para este tipo de asuntos.

«En este caso, por lo excepcional de la orden recibida o por las fechas en las que se precipitó la misma, el fiscal afectado se vio obligado a cumplir con una orden no escrita, y que no fue debidamente justificada, en base al principio de dependencia jerárquica que rige la Fiscalía», apuntan varias fuentes. Sin embargo, el fiscal general «ha extendido como práctica habitual» adoptar decisiones «que no se apoyan» más que en su propio «voluntarismo», denuncian las mismas fuentes.