Los motivos por los que más de 100 asociaciones convocan a los españoles a las calles el 20 de octubre

Conscientes de la necesidad de hacer prevalecer la democracia y del proceso puesto en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios para «alterar los equilibrios constitucionales y las bases esenciales del sistema democrático», un centenar de asociaciones de la sociedad civil, agrupadas en la Plataforma por la España Constitucional, hace un llamamiento a los españoles para volver a salir a las calles el próximo 20 de octubre, domingo, y acudir a la Plaza de Castilla, en Madrid, para clamar en defensa de «la unidad, la dignidad, la ley y la libertad» y exigir elecciones generales.

«Son demasiadas actuaciones, demasiado graves y demasiado evidentes como para permanecer impasibles o considerarlas hechos aislados y no parte de algo mucho más grave que la mera suma de todas ellas», subrayan las entidades convocantes. Lo cierto es que cada semana se añaden más a la lista. En los últimos días, se ha conocido el pacto con Bildu para reformar la ley de seguridad ciudadana, la concesión del tercer grado a dos etarras por parte de la consejera socialista de Justicia del País Vasco, o la «artimaña», como así la ha definido la oposición, de la reforma legal que, si se aprueba, beneficiará a 40 etarras.

Cesiones al independentismo. Sánchez llegó al poder, después de la moción de censura a Mariano Rajoy, gracias al apoyo de todos los partidos independentistas, y a ellos les debe el seguir en la Moncloa. Desde los indultos a los líderes del procés al cupo catalán que el PSOE ha pactado con ERC a cambio de investir a Salvador Illa -y que ha puesto en pie de guerra incluso a algún dirigente socialista-, pasando por la reforma del Código Penal, al dictado de los separatistas, para suprimir el delito de sedición y para rebajar las penas por malversación.

Ley de amnistía. Una ley, que, como recalcan las asociaciones, es «inmoral e inconstitucional». Antes de las elecciones generales, el PSOE estaba en el lado de los que aseguraban que no cabía en la Constitución, y después del 23-J pasó a defenderla, incluso la registró en solitario en el Congreso, y a aprobarla como pago para el apoyo de los independentistas catalanes a la investidura de Sánchez.

Ataque a la separación de poderes. Las asociaciones que conforman la Plataforma por la España Constitucional denuncian las presiones y agresiones al poder judicial. En los últimos meses hemos visto como, por ejemplo, ministros como Félix Bolaños, de Justicia, acusaba al Tribunal Supremo de hacer política con la ley de amnistía, al señalar que no compartía «ni los argumentos políticos ni los argumentos jurídicos» de los autos de los magistrados del Alto Tribunal. Y las presiones al juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso de Begoña Gómez, han sido frecuentes. El propio Pedro Sánchez recurrió a la Abogacía del Estado para querellarse contra el magistrado por prevaricación.

Colonización de las instituciones. Son decenas las instituciones que el PSOE ha colonizado desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno. El Debate elaboró un listado recogiendo todas aquellas entidades públicas que hoy están dirigidas por socialistas o afines al partido, desde el Tribunal Constitucional hasta el CIS, pasando por la Fiscalía, RTVE, Correos o recientemente el Banco de España.

Corrupción. Cada día salen a la luz nuevas informaciones sobre los casos de corrupción que cercan al entorno del presidente del Gobierno, pese a los intentos de Moncloa y Ferraz por negar que haya causa y pronosticar que se terminará archivando, como hacen por ejemplo con la causa abierta contra Begoña Gómez. Este caso, la trama Koldo, o la investigación abierta contra el hermano de Sánchez, David Azagra, en un juzgado de Badajoz acorralan al dirigente socialista, pero también, como apunta la plataforma impulsora de la manifestación, «el escándalo de la absolución de los ERE» por parte del TC.

«Acometimiento» de la prensa libre. El Gobierno anunció hace pocas semanas un 'Plan de acción para la democracia', como lo llamó, o «plan de regeneración democrática», con 31 medidas para ir desarrollando a lo largo de la legislatura, y con el que el Ejecutivo pretende, según defiende, luchar contra la desinformación y los «bulos», con la prensa no afín en el punto de mira y la libertad de información, entre otras cosas, en entredicho.

«Connivencia» con regímenes dictatoriales. Las entidades de la sociedad civil critican también la «tolerancia, connivencia o el apoyo decidido» a regímenes como el de Nicolás Maduro. Cabe recordar que el PSOE y casi todos sus socios rechazaron reconocer en las Cortes a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, y, además, pese a la insistencia de la oposición, el Gobierno no ha explicado el papel del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Uso del presupuesto para comprar votos. Otra de las cuestiones que critica la Plataforma por la España Constitucional es la «descarada utilización del presupuesto para comprar apoyos», y menciona en este sentido las permanentes cesiones del Gobierno a sus socios en las cuentas públicas, «el incremento del 100 % en las subvenciones a los sindicatos» o «la compra del voto joven con 400€ o del sector audiovisual con un río de inversión pública (más de 1.600 millones de euros)».

Son varias de las actuaciones del Gobierno de Sánchez que esgrimen las asociaciones de la sociedad civil para movilizarse en las calles el 20 de octubre y exigir la convocatoria de elecciones. «Nos enfrentamos a un proceso que viene enmascarado en palabras grandilocuentes y trampantojos como «la ultraderecha», pero cuyo objetivo último es alterar los equilibrios constitucionales y las bases esenciales del sistema democrático, para que la política se desarrolle en un plano inclinado que permita que el actual Partido Socialista (PSOE) y quienes quieren desmembrar España, quienes reniegan de la democracia liberal y quienes ahora disfrutan de la ventaja que les da haber ejercido el terror durante decenas de años, se repartan de manera permanente el poder y los privilegios», alertan.

Un proceso, continúan, «que no cuenta con las mayorías exigidas, en el que no hay líneas rojas conocidas y que lastrará irreversiblemente el futuro de nuestro país», y que nos llevará a «una democracia vaciada de contenido y a una España dividida, desarticulada y menguada, sin fuerza para defender los intereses de sus ciudadanos».