Gobierno y PSOE se instalan en el negacionismo mientras la corrupción los acorrala

No hubo visita de Delcy Rodríguez a España porque Pedro Sánchez dio orden de cancelarla cuando supo que la vicepresidenta venezolana no podía entrar en el espacio Schengen; solo una parada para que el personal del avión descansara. El presidente no sabía de las corruptelas de José Luis Ábalos cuando lo cesó como ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, en julio de 2021. No hubo rescate privilegiado del Gobierno a Air Europa. Francina Armengol y Ángel Víctor Torres no abrieron de par en par las puertas de Baleares y Canarias —respectivamente— a la trama de las mascarillas. El empresario Víctor de Aldama, hoy en prisión, no entraba y salía del Ministerio de Transportes, de Ferraz y hasta de la Moncloa con total libertad.

No hay nada delictivo, ni siquiera éticamente reprochable, en los negocios de Begoña Gómez con un empresario, Juan Carlos Barrabés, que después recibió 15,6 millones de euros en contratos públicos de hasta seis ministerios. No ha habido financiación ilegal del PSOE, aunque un ex socio de Aldama haya declarado que llevó 90.000 euros en efectivo a la sede de Ferraz. Ábalos ya no es del PSOE, a pesar de que, de momento, solo esté suspendido de militancia de forma cautelar. El caso Koldo no es el caso Sánchez. No hay caso Begoña, solo es una campaña de la derecha y la ultraderecha. La Diputación de Badajoz no hizo un puesto a medida al hermano del presidente. El Gobierno no es culpable de ninguna trama, sino víctima, sobre todo Sánchez, engañado por su hombre de confianza.

Todas estas afirmaciones, y más, han sido sostenidas por el propio Sánchez, sus ministros y dirigentes del PSOE desde que empezaron a conocerse las grabaciones a Koldo García y sus socios en el transcurso de la investigación efectuada por la UCO e instruida por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, el pasado miércoles.

Puertas al campo

Los socialistas se han instalado en un negacionismo que contrasta con la realidad del avance de las causas judiciales que cercan al presidente, a su Gobierno, a su partido y a su familia. Por un lado, el primer gran caso de corrupción en el Ejecutivo de Sánchez está a punto de escalar al Tribunal Supremo, ante la inminente imputación de Ábalos (diputado y, por lo tanto, aforado ante el alto tribunal). Por no hablar de que continúa el reguero de informaciones sobre las escuchas a la camarilla del exministro.

Además, el PP formalizó ayer la querella que anunció un día antes contra el PSOE por financiación ilegal, tráfico de influencias y cohecho, por los supuestos pagos en efectivo a la formación. Y las acusaciones populares que ejercen Iustitia Europa y Hazte Oír pidieron al juez Moreno que abra dos piezas separadas por el rescate de Air Europa y el viaje de Delcy Rodríguez. Y que cite como investigados a Armengol, Koldo y la entonces ministra de Economía, Nadia Calviño.

Por el otro lado, el juez del caso Begoña, Juan Carlos Peinado, se prepara para abrir una nueva línea de investigación después de recibir el segundo espaldarazo de la Audiencia Provincial de Madrid a su instrucción (el primero fue en mayo). En esta ocasión, sobre el software de la Complutense que la mujer del presidente pudo apropiarse indebidamente. Este mismo lunes, la Fiscalía de Madrid se opuso a que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid admita siquiera a trámite la querella interpuesta por la mujer de Sánchez contra el juez Peinado por prevaricación y revelación de secretos. Cabe recordar que el instructor del caso se enfrenta a otras dos querellas, del propio Sánchez y del periodista Max Pradera.

Lo único que tranquiliza al PSOE a estas alturas es la reacción de sus socios, que en las últimas horas han dejado claro que no apoyarían una hipotética moción de censura presentada por Alberto Núñez Feijóo, aunque los populares descartan esta vía por el momento. Sí lo haría Vox, pero con la condición de que fuese para convocar elecciones generales, según matizó este lunes su portavoz, Ignacio Garriga.

Desde Sumar, Ernest Urtasun compareció para cerrar filas con Sánchez. «Creemos que el presidente del Gobierno ha dado las explicaciones que tenía que dar», señaló. El también ministro de Cultura afirmó que el PP «no tiene ninguna legitimidad» para hablar de corrupción, que es exactamente lo mismo que repiten los socialistas. Por parte del PNV, formación a la que miran los populares, su portavoz en el Congreso también se dio por satisfecho. «Es verdad que (Sánchez) tomó medidas. Por el momento acaba ahí», zanjó Aitor Esteban. Al menos, por ahora.

Solo Podemos pidió explicaciones y señaló al presidente, al que los investigados llamaban «el 1». Porque, a juicio de los morados, «no es creíble» que no supiera nada. No obstante, llegada la hora sus cuatro diputados tampoco apoyarían nunca una moción de censura contra Sánchez.

Entretanto, Sánchez viajó a Barcelona para participar en el foro World in Progress, tratando de aparentar una normalidad que no es tal. Desde allí respondió a la querella del PP, a los que acusó de ser «creadores de bulos, difusores de odio en las redes sociales». «Cuando no se tiene nada que ofrecer, el ruido, la polarización, es lo único que queda», añadió.

Su ministra portavoz, Pilar Alegría, insistió en que Ábalos fue expulsado del grupo parlamentario socialista en el Congreso en febrero y en que no hubo visita de Delcy Rodríguez a España. Este martes tendrá más tiempo de desarrollar la versión gubernamental en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La semana pasada, Alegría se inventó que la Audiencia Provincial de Madrid había desautorizado al juez Peinado y que el Consejo de Estado había respaldado la ley Txapote, cuando en realidad el órgano consultivo examinó el proyecto de ley antes de las enmiendas, siendo aún un inocente anteproyecto de ley salido del ministerio de Félix Bolaños.