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Manuel García-Castellón el pasado mes de septiembre

Manuel García-Castellón el pasado mes de septiembreEUROPA PRESS

García-Castellón amplía su demanda contra Belarra y le pide 240.000 euros por llamarle prevaricador

Para el exjuez «no cabe duda de que las expresiones empleadas por la señora Belarra carecen de un interés general legítimo y resultan ultrajantes y ofensivas»

El que fuera juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha ampliado la demanda que interpuso contra la líder de Podemos y exministra Ione Belarra por llamarle «corrupto» y prevaricador, solicitando ahora que se le indemnice con 240.000 euros al considerar que esos comentarios le han «generado un daño moral».

En un escrito dirigido al Tribunal Supremo, y al que ha tenido acceso EP, el exmagistrado explica que amplía su demanda inicial después de que Belarra persistiera en los insultos después de que éste anunciase que emprendía acciones legales. En concreto, y desde la tribuna del Congreso de los Diputados, la dirigente de Podemos le acusó de hacer la «guerra sucia» contra quien dice «la verdad».

García Castellón pide al alto tribunal –al que se dirige por la condición de aforada de Belarra como diputada– que declare que las publicaciones que la exministra posteó en redes sociales «constituyen una intromisión legítima en el derecho al honor».

Además, y aunque inicialmente solicitase una indemnización de 120.000 euros, el magistrado dobla ahora esa cuantía o insta al Supremo a que fije una cifra «teniendo en cuenta los antecedentes de esta demanda, dada la gravedad de la lesión producida y la amplia divulgación de la misma».

El exmagistrado avisa de que esta cantidad no ha sido escogida «al azar, sino que ha sido calculada conforme a lo dispuesto» en la ley, «así como la línea jurisprudencial del Tribunal Supremo respecto al cálculo de la cuantía por una vulneración del derecho al honor».

A juicio de la representación de García-Castellón, «no cabe duda de que las expresiones empleadas por la señora Belarra carecen de un interés general legítimo y resultan ultrajantes y ofensivas».

En este contexto, recuerda que «la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sido constante en recordar que la libertad de expresión, aunque tiene un ámbito amplio de protección, no es ilimitada».

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