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Álvaro García Ortiz, junto a Pedro Sánchez y Begoña Gómez

Álvaro García Ortiz, junto a Pedro Sánchez y Begoña GómezEFE

Defiende a García Ortiz

Sánchez pide la dimisión de Ayuso en vez de la del fiscal general tras la imputación de éste

El presidente respalda a García Ortiz por hacer «lo que debía hacer» y afirma desde Bruselas que a quien hay que pedir la renuncia es a la presidenta madrileña, «pareja de un delincuente confeso»

El día después de la imputación del fiscal general del Estado por revelación de secretos, con el criterio unánime de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, Pedro Sánchez pidió una dimisión. Pero no fue la de Álvaro García Ortiz, a quien respaldó de forma contundente; sino la de Isabel Díaz Ayuso.

Desde Bruselas, el presidente del Gobierno trató de cambiar las tornas y convertir el caso García Ortiz en el caso Ayuso, apenas horas después de que la mayoría del Consejo Fiscal instara al máximo responsable del Ministerio Fiscal a marcharse.

«Lo que tenemos que preguntarnos es cuándo el PP le va a pedir explicaciones y le va a exigir responsabilidades a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es pareja de un delincuente confeso. Que ha defraudado a Hacienda, como él mismo ha reconocido, y que además se ha lucrado con las mascarillas durante la pandemia. Y presuntamente la presidenta de la Comunidad de Madrid puede haberse beneficiado de esa situación indirectamente», señaló Sánchez, visiblemente enfadado.

Cabe recordar que, precisamente en el Gobierno que él preside, la UCO ha acreditado la existencia de una auténtica trama de las mascarillas. Los agentes encontraron en el ordenador del empresario Víctor de Aldama un documento titulado 'Mascarillas' en el que anotaba cuánto sacaba con cada contrato con las administraciones públicas a las que implicó: 20 millones de euros del contrato con Puertos del Estado; 12,5 millones de Adif; casi 3,5 del Ministerio del Interior; 3,7 millones del Ejecutivo de Baleares; y 12,2 millones de las mascarillas de Canarias.

El presidente también deslizó que si Alberto Núñez Feijóo no pide explicaciones a «su jefa», que así la llamó, es porque sabe bien cómo acabó Pablo Casado por hacerlo. «Lo que nos falta es que el PP, el señor Feijóo, a su jefa le exija las responsabilidades políticas, que no pueden ser otras que la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid».

Sánchez presumió de que hace ocho meses tomó «las actuaciones más contundentes» con José Luis Ábalos y, sin embargo, ahí sigue Ayuso. «Respaldamos la acción del fiscal porque ha hecho su trabajo, ha hecho lo que debía hacer. Perseguir al delincuente y combatir la desinformación y un bulo», sostuvo. Y cargó además contra el jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, por «propagar un bulo para situar la mentira del lado de la Fiscalía General del Estado».

Como contó El Debate, en el Ejecutivo fían la defensa de García Ortiz a que sea imposible probar que fue él quien filtró a varios medios de izquierdas -la SER, El País, El Plural- los correos entre el abogado del novio de Ayuso y el fiscal encargado del caso la noche del pasado 13 de marzo. Auguran que los periodistas elegidos que recibieron la información se acogerán a su derecho a no revelar sus fuentes: la Constitución ampara el derecho al secreto profesional de la prensa. Además, sostienen que en torno a 30 personas tenían acceso a esos emails, no solo García Ortiz y la fiscal jefa provincial de Madrid.

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