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Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso

Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso en una reunión pasada en la sede de la Presidencia madrileñaEuropa Press

Tras el plante

La Moncloa acusa a Ayuso de «violentar la normalidad institucional» y niega que Sánchez la difamara

El Gobierno acusa a la presidenta madrileña de cometer una «irresponsabilidad» y una «dejación de funciones» por no reunirse con el presidente

El Gobierno ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid de cometer una «irresponsabilidad» y una «dejación de funciones» por negarse a participar en la ronda de reuniones que viene manteniendo Pedro Sánchez con los presidentes de las comunidades autónomas.

La Moncloa sostiene que Isabel Díaz Ayuso está «violentando la normalidad institucional» y le culpa de dañar no al presidente del Gobierno, sino a «los ciudadanos madrileños, cuyos problemas y preocupaciones pasan a un segundo plano».

«Por encima de las personas que ostentan cargos están las instituciones que representan», sostienen desde el Ejecutivo en respuesta a uno de los dos argumentos que la presidenta madrileña ha esgrimido para no acudir a la llamada de Sánchez: que la semana pasada la difamó en Bruselas, con unas «gravísimas acusaciones».

En concreto, lo que hizo el presidente entonces fue pedir la dimisión de Ayuso y no la del fiscal general del Estado, con estas palabas: «Lo que tenemos que preguntarnos es cuándo el PP le va a pedir explicaciones y le va a exigir responsabilidades a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es pareja de un delincuente confeso. Que ha defraudado a Hacienda, como él mismo ha reconocido, y que además se ha lucrado con las mascarillas durante la pandemia. Y presuntamente la presidenta de la Comunidad de Madrid puede haberse beneficiado de esa situación indirectamente».

Según la Moncloa, el presidente «no ha difamado a nadie, solo ha recordado los delitos fiscales cometidos por su pareja, delitos que esa misma persona ha confesado». Las mismas fuentes insisten en que es la primera y única autoridad autonómica que rechaza participar en una ronda que se está produciendo con «normalidad institucional». Y en la que los convocados están pudiendo «debatir y compartir preocupaciones de los ciudadanos, y buscar soluciones conjuntas entre todas las administraciones».

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