El novio de Ayuso pide al Supremo que acceda al mail personal del fiscal general del Estado

«Requerir a la mercantil Google Spain S.L. para que, en relación con la cuenta de correo electrónico de Gmail», personal, del fiscal general del Estado, remita: «copia, en formato digital, de todos los correos electrónicos recibidos y enviados que contengan, al menos, el siguiente texto: 'Estudiado el asunto, y de común acuerdo con Alberto González, les comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos (ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública)'», reza el escrito registrado por los abogados del novio de Isabel Díaz Ayuso en el Supremo, al que ha tenido acceso El Debate, en primicia.

No en vano, y como publicó este diario en exclusiva, desatendiendo la Instrucción vigente de la Fiscalía de Madrid –dictada por la jefe superior del Ministerio Público autonómico, Almudena Lastra– que obliga a todos los miembros de la institución a gestionar los asuntos profesionales desde sus cuentas corporativas, Álvaro García Ortiz solicitó recibir, en su correo privado, copia de las conversaciones mantenidas entre el abogado del empresario madrileño, en la causa tributaria en la que estaba siendo investigado, y el entonces fiscal de la unidad de delitos económicos encargado de la misma, Julián Saltó.

Por ello, ahora, los letrados que representan a González Amador han instado al instructor del procedimiento abierto contra García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos, el magistrado Ángel Hurtado, para que la plataforma de correo electrónico «remita en formato digital, copia de los correos electrónicos recibidos de o enviados a las direcciones jefatura.fiscalia@madrid.org» o el corporativo de la fiscal provincial también imputada, Pilar Rodríguez, «entre el 5 y el 18 de marzo de 2024».

También reclaman al juez Hurtado que recopile de Gmail la «información» disponible «sobre el posible borrado de correos electrónicos enviados o recibidos de las mencionadas cuentas desde el 5 de marzo de 2024 hasta la fecha del requerimiento» y, en el caso de que «se confirme dicho borrado»: que se proceda a «su recuperación, si es posible» y que se proporcione «la línea completa del log del tracking de correo» comprometido «que se conserve desde el 5 de marzo de 2024 (y, especialmente, el contenido de los campos Message-ID, From, Date, To, Subject, In-Reply-To y Reference)».

Además, en la misma línea de la diligencia anterior, los abogados de Alberto González hacen hincapié en «la transmisión por Dña. Pilar Rodríguez a D. Alvaro García Ortiz de los documentos y soportes de las comunicaciones mantenidas por el abogado» de la pareja de Ayuso «con el Ministerio Fiscal, su contenido y su posible revelación posterior a terceros».

De ahí que soliciten al magistrado instructor que «la fuerza actuante especializada en delitos tecnológicos» reclame, a su vez, «al ente público Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, Madrid Digital, proveedor del servicio de correo electrónico madrid.org que aloja la dirección de correo electrónico de la Jefatura Provincial de Madrid (jefatura.fiscalia@madrid.org) y de Dña. María Pilar Rodríguez», para que remita «copia (en formato digital) de todos los correos electrónicos recibidos y enviados» desde cualquiera de ambas direcciones institucionales y que «contengan (...) al menos, el siguiente texto: 'Estudiado el asunto, y de común acuerdo con Alberto González, les comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos (ciertamente se han come.do dos delitos contra la Hacienda Pública)'».

Además, los representantes jurídicos de la pareja de Díaz Ayuso han insistido al juez Hurtado en la importancia de obtener «copia (en formato digital) de los correos electrónicos» que, desde cualquiera de ambas cuentas de correo corporativas «se hubieran enviado a o recibido de la dirección» .gmail de García Ortiz, en la primera quincena del mes de marzo de este año. Incluso, rastrear, en su caso, aquellas comunicaciones que hubieran podido ser borradas y que sean susceptibles de resultar recuperadas para su incorporación a las pesquisas en marcha.