El Gobierno crea una autoridad «independiente» contra la corrupción que nombrará Bolaños

«Este Gobierno no tolera ningún tipo de corrupción y por eso reforzamos los medios para esclarecer y perseguir los delitos». «Quien colabora con la justicia tiene el apoyo del Gobierno de España». Palabra del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Después de semanas yendo a remolque de las revelaciones de la UCO en torno al caso PSOE, y de la fotografía de Pedro Sánchez con Víctor de Aldama -al que dice apenas conocer-, el Ejecutivo ha decidido mover ficha a través del BOE.

El Consejo de Ministros aprobó este martes, vía real decreto, la creación de la Autoridad Independiente de la Protección del Informante. Con la particularidad de que, a pesar de decirse «independiente», su nombramiento lo decidirá el Gobierno. Exactamente igual que ya hace con los del fiscal general del Estado, el del gobernador del Banco de España, el del presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y el del director general de la Oficina de Conflictos de Intereses (en la actualidad, estos dos últimos están encabezados por mujeres), entre otros.

En concreto, el futuro responsable de la Autoridad Independiente -aún no se sabe quién- será propuesto por el ministro Bolaños y aprobado por el Consejo de Ministros. Después deberá recibir el visto bueno de la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso, pero eso ya lo ha previsto el Ejecutivo: solo necesitará mayoría absoluta, no mayoría reforzada de tres quintos o de dos tercios. De manera que el PP tampoco aquí tendrá participación alguna. Como en la elección de los 11 consejeros de RTVE que le corresponderán al Congreso.

Hay más. Tampoco tendrá presupuesto propio de momento, sino que estará integrado en el presupuesto del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Aun así, el ministro Bolaños garantizó que será independiente. «Tiene autonomía funcional. Actúa con absoluta independencia respecto al Gobierno y a cualquier otra administración pública. Ni su personal ni su presidente podrá recibir instrucciones de la administración pública ni del Gobierno», prometió.

Según él, cualquier denunciante podrá acudir a ella para comunicar una denuncia contra cualquier administración o empresa del sector público y, también, contra los órganos constitucionales y entidades privadas que tengan que ver con actividades en más de una comunidad autónoma. La entidad investigará y dará traslado a la Fiscalía, en el caso de que así lo considere.

La creación de esta entidad era una de las medidas incluidas en el polémico Plan de Acción por la Democracia de la coalición gubernamental. Un organismo que ya estaba en contemplado en la Ley 2/2023 reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, pero que hasta ahora no se había concretado.

Junto con este real decreto, el Consejo de Ministros aprobó otro para ampliar la plantilla del Ministerio Fiscal en 79 plazas. De ellas, dos serán para dos nuevos fiscales de Sala de delitos económicos y de delitos contra la administración pública y, el resto, plazas de segunda categoría.

A mayores, el Consejo de Ministros autorizó el indulto parcial a José Luis Peñas, el entonces concejal del PP en el Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid) que destapó el caso Gürtel en 2009. «El mensaje es clarísimo», señaló Bolaños: «Cualquier persona que conozca la comisión de un ilícito puede denunciarla y va a contar con el respaldo del Gobierno», añadió.