El Gobierno decide en plena crisis de la DANA tramitar con urgencia un catálogo de símbolos franquistas
Desde la Moncloa han subrayado que el objetivo es que las administraciones puedan identificar y «suprimir» los «elementos de división entre la ciudadanía»
En medio de la crisis generada por la DANA que el pasado 29 de octubre asoló gran parte del levante español, el último Consejo de Ministros –el del pasado 5 de noviembre– acordó a través de la cartera de Política Territorial y Memoria Democrática la tramitación urgente del proyecto de Real Decreto por el que «se regula el catálogo sobre símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática». Esta disposición es uno de los cuatro reglamentos que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está preparando para desarrollar la Ley de Memoria Democrática; y entre los que se incluye otro para expulsar a los monjes benedictinos del Valle de los Caídos.
La página web de la Moncloa subraya que, tras la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, desde el Estado central se «ha procedido a la retirada de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática en su ámbito»; pero que «se observa que en el resto de las administraciones territoriales, tanto autonómicas como locales, o en bienes de titularidad privada, siguen existiendo dificultades para el cumplimiento de este mandato legal».
En consecuencia, para el Gobierno se «ha puesto de manifiesto la necesidad de contar de manera urgente con el catálogo previsto en la ley, así como constituir la comisión técnica que con criterio objetivo y experto se encargue de determinar la condición de dichos elementos».
La normativa estatal de Memoria indica que «la Administración General del Estado confeccionará en colaboración con el resto de las administraciones públicas un catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, al que se incorporarán en todo caso los datos suministrados por las comunidades autónomas, y contendrá la relación de elementos que deban ser retirados o eliminados».
«Se consideran elementos contrarios a la memoria democrática las edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos u objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública en los que se realicen menciones conmemorativas en exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la Dictadura», agrega la ley.
De esta manera, el Gobierno también ha resaltado que «resulta urgente, por tanto, la aprobación del catálogo para hacer efectiva la finalidad legal de que los símbolos públicos sean un elemento de encuentro de los ciudadanos en paz y democracia y nunca una expresión ofensiva o de agravio, suprimiendo los elementos de división entre la ciudadanía». La tramitación con carácter de urgencia supone la reducción a la mitad de los plazos previstos para la realización de los trámites del procedimiento de elaboración, la posibilidad de omisión del trámite de consulta pública y la continuación del procedimiento.