El Gobierno se da dos años para expulsar a los monjes benedictinos del Valle de los Caídos

El Gobierno se da un plazo máximo de dos años para expulsar a los 21 monjes benedictinos del Valle de los Caídos, que la Ley de Memoria Democrática renombró como Valle de Cuelgamuros. El objetivo del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que dirige Ángel Víctor Torres es que, antes de que termine 2025, los religiosos sean desahuciados en virtud de un real decreto que aprobará el Consejo de Ministros, según fuentes del Ministerio consultadas por El Debate.

Las mismas fuentes señalan que su intención es llegar a un acuerdo por las buenas, pero también reconocen que será muy difícil porque saben que los monjes no se quieren ir. Con estos no hay comunicación alguna por parte del Ejecutivo, como tampoco la hubo durante los procesos de exhumación de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera, según fuentes del entorno de la comunidad benedictina de la abadía de la Santa Cruz. Y, aunque el Gobierno quisiera intentarlo por la vía de la Conferencia Episcopal, el órgano de gobierno de los obispos españoles no tiene jurisdicción sobre el Valle: compete directamente a la Santa Sede.

El Ministerio que dirige Torres está trabajando a la vez en la redacción de cuatro reales decretos (con rango de reglamento) de desarrollo de la Ley de Memoria Democrática, que entró en vigor en octubre de 2022. Lo está haciendo en coordinación con otros ministerios como Transición Ecológica, Hacienda y Cultura, dada la «complejidad» de la materia. De ahí que sean necesarios dos años para completar el proceso.

Uno de esos decretos, el que afecta a los monjes benedictinos, establecerá un nuevo marco jurídico aplicable al Valle de Cuelgamuros para determinar su organización, funcionamiento y régimen patrimonial. La intención del Ejecutivo de Pedro Sánchez es transformarlo en un centro de interpretación.

Pero la presencia de los monjes es el mayor obstáculo para el Gobierno, puesto que sigue en vigor un convenio que la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos (de titularidad pública) y la Abadía Benedictina de Silos firmaron en 1958. Y que, en teoría, el Ejecutivo no podría romper de forma unilateral. O no sin empezar una batalla judicial con los benedictinos. «El Gobierno socialista lleva unos años de vida y la orden del benedictina, por el contrario, desde el siglo VI», sostienen fuentes cercanas a los monjes.

Tres decretos más

A mayores, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática trabaja en tres reales decretos más. Uno de ellos dará lugar a la creación del Consejo de la Memoria Democrática y del Registro Estatal de Entidades de Memoria Democrática. El Consejo estará formado por miembros del Gobierno, representantes de las entidades memorialistas y expertos. Éste es el decreto que más avanzado tiene el equipo del ministro Torres y que próximamente remitirá al Consejo de Estado para su dictamen.

El decreto que está más avanzado es el que dará lugar a la creación del Consejo de la Memoria Democrática

Entre 2024 y 2025, el Gobierno también tiene previsto aprobar un real decreto de restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del periodo 1936-1939. En este decreto interviene, además, el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero.

Por último, también a través de un real decreto, el Gobierno dará forma al Centro de Memoria Democrática, contemplado en el artículo 58 de la ley. Según éste, para «la salvaguarda de la dignidad de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos sucedidas en el pasado en España y la promoción de la memoria democrática de los derechos humanos y los valores democráticos en el marco de un impulso universal a los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición».

De nuevo, el «francomodín»

A la vuelta de la Semana Santa, el Gobierno ha sacado nuevamente el francomodín, coincidiendo con la precampaña de las elecciones vascas, catalanas y europeas. El Ejecutivo ha aprovechado las leyes de concordia que los ejecutivos de Castilla y León y la Comunidad Valenciana han anunciado y la ley que deroga la Ley de Memoria Democrática de Aragón. De las tres, la única aprobada y en vigor es la de Aragón (desde febrero). Por este motivo es la única que ha podido recurrir el Gobierno ante el Tribunal Constitucional.

El francomodín continuará en el Consejo de Ministros del 23 de abril. Ese día, el Gobierno tiene previsto constituir tres comisiones de trabajo relacionadas con la memoria democrática. Una de ellas sobre la memoria y la reconciliación con el pueblo gitano en España. La segunda será una comisión técnica que elabore un estudio sobre el grado de cobertura y eficacia de las medidas de reparación a las víctimas de la guerra y la dictadura. Y la tercera y última es el peaje que el PSOE pagó a Bildu para la aprobación de la Ley de Memoria Democrática: una comisión que estudiará posibles torturas entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983. Con ello, la izquierda aberzale estaba pensando en los GAL.