Acusaciones populares piden retirar el pasaporte a Begoña Gómez para que no viaje a Brasil y comparezca ante el juez

Las acusaciones populares de Vox, Iustitia Europa, Hazte Oír y Manos Limpias han solicitado al magistrado que investiga a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, que le prohíba salir del país y le retire el pasaporte, después de que esta haya anunciado que no puede comparecer el 18 de noviembre por su asistencia a la cumbre del G-20 en Brasil. Así lo piden en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, donde tratan de que el juez modifique la fecha de la citación de Gómez a este viernes, 15 de noviembre, cuando todavía no estará de viaje oficial.

Este movimiento de las acusaciones llega después de que este lunes trascendiera un escrito de la defensa de Begoña Gómez en el que le detallaba al juez titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, que si bien el pasado 5 de noviembre le notificó esa citación para darle en persona la querella que presentó Hazte Oír por presunta apropiación indebida del software de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) e intrusismo profesional, no podrá acudir.

«Resulta impensable que pueda ser suspendida su citación o justificada por cuanto ni siquiera se trata de una actividad propia, sino de su esposo, y teniendo en cuenta que la investigada no tiene ningún estatus especial, la esposa del Gobierno es una ciudadana a todos los efectos», señalan las acusaciones en relación a ese viaje oficial. Ponen el foco, además, en que el escrito de la defensa de Gómez, Antonio Camacho, en realidad es «una comunicación de no asistencia», algo que tildan de «falta de respeto y consideración» al juez. Añaden que pareciera que es «merecedora de un trato diferente a cualquier ciudadano ante la Justicia».

Por otro lado, las acusaciones populares en el caso explican que la resolución que acuerda la citación personal de la investigada «es anterior a la confirmación de su presencia» en el G-20, y señalan que la primera confirmación es de fecha 28 de octubre de 2024, «y desde entonces nada ha comunicado al juzgado».

A esto suman que desde su punto de vista se debería haber aportado «mayor justificación de las comunicaciones realizadas a fin de comprobar las fechas, y sobre todo de la necesidad perentoria de su presencia». Y esto porque entienden que Begoña Gómez «debería dar prioridad absoluta a la citación judicial frente a cualquier actividad profesional o personal tal y como sucede a cualquier ciudadano que se encuentra bajo investigación judicial».

En este sentido, recuerdan que si la investigada consideraba que no tenía por qué acudir personalmente al requerimiento judicial, «podría perfectamente haber interpuesto el oportuno recurso en el momento procesal establecido». Para ellos, la solicitud esté indebidamente justificada e infieren «un actuar procesal de mala fe, con una comunicación tardía», algo que les hace pensar que existen «otras intencionalidades».

Añaden que, «teniendo en cuenta los delitos que se están analizando y el modus operandi de los mismos», se podría afirmar que es «contraproducente permitir tal actividad» –el viaje oficial– porque «se encontraría en el mismo marco en el que con anterioridad se ha desarrollado la actividad delictiva analizada». «Teniendo en cuenta que los delitos se cometieron en un marco de encuentros y reuniones que tildados de ámbito profesional eran también actos institucionales en los que acudía la investigada y aprovechaba para su propia actividad empresarial, (...) no es ni mucho menos descabellado afirmar que se abriría la posibilidad de reiteración delictiva», aseveran.