Vox remite un escrito al Consejo de Ministros para exigir la destitución del imputado García Ortiz

El partido de Santiago Abascal ha dirigido un escrito al Consejo de Ministros para exigir al Gobierno la destitución del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cuando sea imputado formalmente tras declarar ante el Tribunal Supremo. Actualmente está siendo investigado por presunta revelación de secretos, por filtrar datos personales del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y esta misma mañana, como ha contado El Debate, la UCO de la Guardia Civil ha señalado en su informe su «participación preeminente» en la filtración de esos datos.

En el documento, al que ha tenido acceso El Debate, Vox señala que «Tan pronto como se produzca la imputación judicial formal al recibirse declaración al FGE por el instructor designado por a Sala segunda del TS», Álvaro García Ortiz debe cesar en su cargo. Y subraya que «los elementos son suficientes» al ser el fiscal general «el superior jerárquico del ministerio público al que incumbe la defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley y procurar ante los Tribunales la satisfacción del interés social ».

Remarca además que «no es indiferente la relevancia del cargo (...) siquiera sea en atención a la transcendencia social de su situación procesal criminal, en la que su encausamiento afecta, de suyo, al interés público», máxime, cuando los hechos que se están investigando son actuaciones llevadas a cabo en «en el ejercicio de su cargo».

Vox recoge en el escrito que es competencia del Consejo de Ministros instruir el procedimiento que promueven con este escrito y que «oídos previamente el CGPJ y el Congreso de los Diputados, por paralelismo con el procedimiento de nombramiento» del fiscal, «habrá de concluir con la propuesta de destitución del FGE, que, elevada a S.M. el Rey, será quien lo destituya formalmente con el consiguiente cese» de García Ortiz en el cargo.

La formación indica que si la sentencia del Alto Tribunal declaró nulo su nombramiento por «no reunir el requisito legalmente exigido de quince años de ejercicio efectivo de su profesión (...), habría de reputarse nulo el nombramiento de un FGE imputado penalmente».

Vox pide también su suspensión provisional, en virtud del artículo 384.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, «hasta que recaiga en la causa sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento».