La Abogacía pide por segunda vez apartar al magistrado Macías de los recursos contra la amnistía

El Tribunal Constitucional se prepara para admitir, en el Pleno convocado la próxima semana, el primero de los quince recursos autonómicos presentados contra la Ley de Amnistía, tras confirmarse la legitimidad de los entes regionales. Y, según ha podido adelantar El Debate, la Corte de Garantías se asoma a las impugnación registrada por Aragón contra el borrado penal del procés con la intención de fijar un criterio que, una vez tomado, será extrapolables a todos los demás instados por once comunidades autónomas en manos del Partido Popular, tres parlamentos compartidos entre populares y Vox y la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, presidida por del socialista Emiliano García-Page.

En este contexto, la Abogacía del Estado ha solicitado, por segunda vez, apartar al magistrado conservador José María Macías del asunto, tras el varapalo recibido en una primera ocasión.

Cabe recordar que fue el pasado 5 de noviembre cuando el Pleno de la Corte inadmitía, de forma unánime, la recusación que los servicios jurídicos del Gobierno habían planteado contra Macías en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP contra la Ley de Amnistía, de la que el veterano jurista es ponente y que al haber sido el primero aceptado determina los tiempos y el fondo de todos los demás.

Tal y como había apuntado El Debate, el motivo fundamental que llevó entonces a rechazar el incidente presentado por los servicios jurídicos del Estado fue el carácter «prematuro» del mismo. El abogado del Estado asignado al caso registraba la solicitud contra Macías de un modo tan «inmediato», nada más conocerse la acción de los populares, que lo hizo cuando su institución ni siquiera estaba personada, formalmente, en el procedimiento.

Llegados a este punto, la Abogacía ha vuelto a insistir ahora en los motivos que le empujaron, ya entonces, a cuestionar la imparcialidad de Macías para participar en las cuestiones relativas a la amnistía del procés, dado que como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) fue uno de los firmantes del comunicado que rechazó la legalidad del anteproyecto de ley que derivó en la misma.

Una supuesta falta de neutralidad que, sin embargo, ni la Abogacía, ni el sector izquierdista del TC consideraron relevantes en los casos del propio Cándido Conde-Pumpido, que salvó su propia recusación en la materia, y de Laura Díez, encargada de este primer recurso regional, quien participó directamente en la redacción del texto normativo, en su etapa como alto cargo de la Presidencia del Gobierno.

No en vano, y como viene adelantando este diario, lo que subyace es el intento de Conde-Pumpido, al frente del bloque izquierdista de la Cortes, por controlar el recurso principal que está en manos de Macías y, con ello, los tiempos para la resolución de las dudas jurídicas que pesan sobre la amnistía.

También, la necesidad de garantizar que las mayorías con las que se adopten las decisiones que están por llegar sobre el borrado penal del procés, sean lo suficientemente amplias y con la pérdida de un magistrado en el bloque más afín al Gobierno –tras la abstención del ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo– se trata de equilibrar la balanza, mermando un efectivo en el sector opuesto y blindar un 6 a 4 en la futura sentencia de la amnistía.