El Supremo unifica las acusaciones populares contra Ábalos bajo la dirección jurídica del PP

Aunas horas de la comparecencia del ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en el Supremo, el magistrado de la Sala Penal Leopoldo Puente, instructor de su causa, abierta por una presunta contratación irregular de mascarillas y material sanitario durante la pandemia, ha acordado hoy en un auto unificar la representación de las siete acusaciones populares personadas, bajo la dirección jurídica del procurador y el abogado designados por la primera de ellas que se personó: la del Partido Popular.

El juez ha tomado la decisión tras escuchar a las partes sobre este particular y ante la ausencia de acuerdo entre todas ellas acerca de los letrados en los que debería recaer dicha representación y defensa común. Así las cosas, el magistrado Puente considera que el criterio más objetivo que puede seguirse es el de la antigüedad procesal, un baremo al que ha venido acudiendo en casos análogos precedentes el Alto Tribunal.

Cabe recordar que el orden de fecha de personación de las acusaciones populares, en este procedimiento, fue inaugurado por la formación que preside Alberto Núñez Feijóo, seguido de Vox, el sindicato Manos Limpias, la Asociación Liberum, la entidad Hazteoir.org, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa y, por último, el partido político Iustitia Europa.

Para la unificación, el instructor considera que, tomada en cuenta la naturaleza de los delitos que aquí se investigan, no se advierte conflicto alguno sino, al contrario, plena convergencia de intereses entre las distintas entidades que han venido ejerciendo la acusación popular «desde el punto de vista del interés general que postulan, siendo que la debida unificación de su representación y defensa contribuirá al buen orden del proceso, así como a evitar el surgimiento de indebidas dilaciones, todo sin detrimento alguno de su derecho de defensa».

«Es cierto que, como también se encarga de señalar alguna de las acusaciones populares, entre las concurrentes existen o pueden existir distintos enfoques, puntos de vista, estrategias procesales y, por qué negarlo, particulares intereses colectivos o aproximaciones a los hechos, que las diferencian entre sí. Son, por eso, asociaciones distintas. En algún caso –en tres de ellos– se trata de partidos políticos y no en otros. Sin embargo, y frente a lo sostenido por la representación procesal de la Asociación Liberum, argumentos en los que también abunda alguna otra de las acusaciones populares, no se advierte que esa característica distintiva (partidos políticos/asociaciones civiles), relevante con seguridad en otros contextos, determine que unas y otras puedan en el proceso penal perseguir finalidades distintas o pretensiones particularmente diversas, aptas para justificar que se agrupen por eso en dos acusaciones populares diferenciadas», explica el magistrado.

«Fácilmente se comprenderá» –añade el juez– «que, en el extremo, el ejercicio de la acusación popular por decenas, cientos o miles de interesados en asumir esta posición procesal perturbaría, de ser admitido, el buen orden del proceso y avocaría indefectiblemente a la existencia en el mismo de dilaciones indebidas, por muy proba que fuera la actuación de los profesionales designados por cada una para su representación y defensa».

Por ello, el magistrado Puente ha aplicado el mecanismo de unificación de acusaciones previsto en el artículo 109 bis 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal resultando «coincidente el legítimo interés de las partes en el ejercicio de la acción popular, de modo que una sola representación y defensa pueda hacerlo valer de forma mucho más ágil y precisa y sin detrimento alguno del mencionado interés común».

La reacción de Ábalos

Ábalos ha asegurado este miércoles que afronta «tranquilo» su declaración judicial de mañana en el Supremo. En una conversación informal con periodistas en el Congreso, el exministro ha celebrado que «por fin» vaya a testificar en el Supremo como investigado por presunta organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación. «Tengo muchas ganas de hablar, ojalá lo hubiera conseguido antes», ha agregado.

Aunque se ha quejado de haber tenido poco tiempo para examinar los documentos que le han remitido, el actual diputado del Grupo Mixto ha dicho que está «preparado» para declarar y ha negado las acusaciones del empresario y y cabecilla de la trama, Víctor de Aldama, que, según ha apuntado, «le han valido para salir de la cárcel» gracias «a un pacto de rebaja de condenas» con la Fiscalía.

En ese sentido, se ha quejado de que Aldama «prometiera pruebas» para salir de prisión, y «a las dos semanas se presenta con dos carpetas, unas fotocopias de los presupuestos generales del Estado y un contrato de compraventa» de un piso en Cádiz, con el que, según ha afirmado, le engañaron y nunca tuvo las llaves.

Sobre su relación con Aldama ha explicado que en los ministerios «entra mucha gente y muchas empresas pidiendo cosas», pero ha aclarado que nunca tuvo una «relación directa» con él.

Además, ha defendido que en el caso de las mascarillas «no hubo nada» y que su ministerio fue el que más «cuidado» porque «nunca se pagó por adelantado». Por su parte, ha negado todas las acusaciones en su contra, ha reconocido que de todas las vertidas por el empresario «algunas cosas son verdad y otras no».