Vox exige pruebas de edad para los menas y el cese de ayudas a los países que no colaboren contra la inmigración ilegal

El grupo parlamentario de Vox ha registrado dos iniciativas encaminadas a frenar la «invasión migratoria» que denuncia que está sufriendo España. Por un lado, una por la que exige que se realicen pruebas médicas y periciales a los menores extranjeros no acompañados que han llegado ilegalmente a nuestro país para verificar si realmente son menores, y, por otro, una proposición no de ley para cesar las ayudas de cooperación internacional en los países que no colaboren en la lucha contra la inmigración ilegal.

En la primera PNL, el partido de Santiago Abascal subraya que a finales del año pasado, un total de 15.043 menores y jóvenes tutelados de edades entre los 16 y los 23 años tenían autorización de residencia -de ellos un 68 % eran marroquíes y el 94 % varones- y denuncia que los centros de menas están «desbordados».

La formación considera que «la determinación de la mayoría o minoría de edad es sumamente importante al desprenderse de esta determinación el ámbito de los derechos de los extranjeros que entran ilegalmente en territorio nacional». Esta se realizaría en los casos en los que «no puede desprenderse de la apariencia física» la edad de esa persona con claridad.

En este sentido, Vox recuerda el caso de las pruebas que se llevaron a cabo en Aragón el año pasado por parte del Instituto de Medicina Legal de la región, a partir de las cuales se determinó que «más del 90 %» de esos menas eran mayores de edad. Además, apunta que la prueba para determinar la edad de los que entran ilegalmente más común «arroja un margen de error de dos años aproximadamente».

Por otro lado, respecto a la iniciativa en la que exigen al Gobierno que cese las ayudas a la cooperación internacional en aquellos países que no colaboren con la inmigración ilegal, el grupo parlamentario expone en el texto que en las últimas décadas se ha llevado a cabo una política, a su juicio, «errada» por la que se daban fondos de cooperación «a los principales países emisores de inmigración ilegal» para favorecer que combatieran este fenómeno.

Pero, como denuncia, muchos de ellos «son reticentes a admitir la devolución de inmigrantes ilegales» o a establecer medidas para evitar que estos inmigrantes salgan de sus países respectivos. Así, Vox recalca que es «inadmisible cooperar con quien no solo no coopera con nosotros, sino que además nos causas graves perjuicios».

En su iniciativa, la formación de Abascal rescata una serie de datos que muestran que «el Gobierno está ejecutando un porcentaje mínimo de órdenes de expulsión», denunciando que entre 2020 y 2023 han llegado ilegalmente casi 172.000 personas y solo se han ejecutado cerca de 9.500 órdenes de expulsión.

Menciona tres países con los que existen acuerdos para readmitir inmigrantes ilegales, que son Marruecos, Argelia y Mauritania. Sin embargo, critica que no hay «voluntad» por parte del Gobierno de «hacer valer» esos acuerdos y que los países emisores de inmigración ilegal se niegan a aceptar de vuelta a los inmigrantes que proceden de ellos, e incluso que «instrumentalizan» la inmigración con el fin de obtener concesiones por parte del Ejecutivo español.

Por todo ello, Vox insta al Gobierno a que suspenda esas ayudas de cooperación al desarrollo con los países que no colaboren en frenar la inmigración ilegal y a que exija a esos países cumplir con los acuerdos firmados. También, propone que se auditen todos los programas de cooperación internacional y que se endurezcan las penas contra las mafias que trafican con personas y contra las empresas, ONGS o particulares que colaboren con ellas.