Vox se querella contra Begoña Gómez y la asesora de Moncloa por malversación y prevaricación

Vox ha presentado este viernes una querella contra Begoña Gómez, esposa del presidente, Pedro Sánchez, y la asesora de Moncloa Cristina Álvarez por la presunta comisión de los delitos de malversación, tráfico de influencias y prevaricación.

Según ha informado la formación de Santiago Abascal en un comunicado, la querella, presentada ante los juzgado de instrucción de Madrid, incluye al superior jerárquico de Álvarez, Francisco Martín, secretario general de Presidencia del Gobierno.

En el escrito, la coordinadora jurídica de Vox, Marta Castro, se centra en la utilización «abusiva, espuria y arbitraria» por parte de Álvarez y Gómez de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno y del Gabinete de Presidencia del Gobierno, a raíz de unos correos electrónicos relacionados con la actividad privada de la esposa del Gobierno.

La querella llega tras la declaración de la asesora de Moncloa este viernes ante el juez Juan Carlos Peinado, al que ha dicho que se la nombró para ayudar a Gómez con temas tanto oficiales como privados.

Para Vox, Álvarez incurriría en «una clara inobservancia de los deberes inherentes a la condición de funcionario público» al haber desempeñado sus labores profesionales como asistente personal de Begoña Gómez y sin ser remunerada, habida cuenta de su sueldo procedía del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, según el texto.

Si bien la querella recuerda que otras esposas de presidentes del gobierno han tenido asistentes personales, destaca que «las funciones que desempeñaban quedaban circunscritas a la ayuda para el desarrollo de la actividad vinculada a la actividad de su esposo, pero en ningún caso para el mejor desarrollo de la actividad profesional en los casos en las que la mantuvieron».

Es por ello que Begoña Gómez está incluida en la querella, pues, según Vox, se habría valido de una persona que ostenta una relación laboral o funcionarial con la Administración General del Estado y cuyo puesto de trabajo es sufragado con recursos públicos, de manera que las funciones reales que desarrollaba eran las propias de los negocios privados de Gómez y no sus funciones reales.

En cuanto a Francisco Martín, señala que si la asesora de Moncloa realizaba su actuación profesional en un ámbito ajeno a sus competencias «es del todo imposible que lo hiciera sin el conocimiento y el beneplácito de sus responsables directos».

Vox solicita a los juzgados de instrucción que tomen declaración, en calidad de investigados, los tres querellados. También, ha pedido las testificales de la directora de Comunicación Institucional de Reale Seguros, Pilar Suárez, con quien Álvarez cruzó correos electrónicos enviados desde su dirección profesional dependiente de la Administración General del Estado; y de Sylvia Moyano, adscrita al área comercial de la Dirección de Ferias de Público y Evento de Ifema, con quien Álvarez cruzó correos electrónicos también para un evento en 2021, interesado por la mujer del presidente.

Castro solicita también la declaración como testigo del director de Personas y Transformación de Reale Seguros, Renzo Liaj; el administrador de Sanza Correduría de Seguros, David Sanza; la trabajadora de Ifema Arantza Zeberio; el CEO de Indra, Marc Murtra; el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete; la directora general de Sostenibilidad de Endesa, María Malaxechevarría; el consejero delegado de Endesa, José Bogas; la coordinadora de la cátedra extraordinaria TSC de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Blanca María de Juan; y el vicerrector de Relaciones Institucionales de la UCM; Juan Carlos Doadrio, a quien solicita Vox que se le pida que aporte los wasaps y correos que hubiera intercambiado con Álvarez.

Por otro lado, la formación solicita en su escrito que se libre oficio al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes a los efectos de que certifique los cargos que ha ocupado Álvarez en el ámbito competencial de su Ministerio y, en concreto, en alguno de los órganos o departamentos que componen la estructura de Presidencia de Gobierno. Y que se especifique cuándo se inició su relación funcionarial y cuándo concluyó, así como la documental que acredite todo ello.

Pide también que se remita organigrama y especifique quiénes son orgánica y funcionalmente los superiores jerárquicos de Cristina Álvarez, y se indique cuál ha sido la correlación de ingresos percibidos por Álvarez desde el momento de su nombramiento hasta la actualidad. Asimismo, reclaman que se aclaren las funciones inherentes al cargo de «director de Programas de la Subsecretaria General de Presidencia de Gobierno». Y que se remita el expediente completo de su contratación o en su caso de su nombramiento.

Entre las diligencias, se solicita que se oficie a la Seguridad Social para que remita certificado sobre la vida laboral de Cristina Álvarez y a la AEAT para que remita las declaraciones de la renta de Álvarez correspondientes a los ejercicios entre 2018 y 2024.