Uno de cada cuatro votantes del PSOE cree que Begoña Gómez ha cometido delitos

En el reciente Congreso Federal del PSOE en Sevilla, Begoña Gómez recibió el cariño de los dirigentes y militantes socialistas; pero, ¿es ese apoyo extensible a los votantes del partido? La encuesta de Target Point para El Debate lo pone en duda. El 22 %, casi uno de cada cuatro, creen que la mujer del presidente del Gobierno ha cometido delitos. A pesar de que el Gobierno y el PSOE llevan desde marzo negando que exista irregularidad alguna en sus negocios.

El sondeo pregunta por las causas abiertas contra Gómez, que instruye el juez Juan Carlos Peinado. En términos generales, la respuesta que más dan los encuestados, concretamente el 37 %, es que en todas hay claros indicios de delitos e ilegalidades. Y otro 13 % contestan que solo algunas parecen claros delitos. En el caso de los votantes del PSOE, la primera opción es la elegida por el 7 % y la segunda, por el 15 %.

Se da la paradoja de que la esposa del presidente encuentra más comprensión entre los votantes de Podemos, siempre proclives a creer en conspiraciones de lo que llaman «las cloacas del Estado». En términos generales, el 24 % de los encuestados consideran que el caso Begoña solo pretende dañar al Gobierno y que no hay base legal, pero ese porcentaje aumenta hasta el 63 % en el caso de los simpatizantes morados y al 56 % entre los del PSOE.

¿Se financió ilegalmente el PSOE?

Target Point también pregunta por la posible financiación ilegal del PSOE, a la que apuntó Víctor de Aldama en su última declaración ante el juez. El 35 % de los encuestados afirman que sí la hubo, mediante comisiones ilegales en la adjudicación de obras públicas. Entre los votantes del PP y de Vox esa opción sube al 63 %.

Hay otro 20 % que se muestran más cautos y sostienen que no se puede saber hasta que se pronuncien los jueces. Un 12 % responden que no, que no hay caso PSOE, sino el cobro de comisiones ilegales por parte de algunas personas particulares. Y un 4 % aseguran con rotundidad que no hay financiación ilegal del PSOE en ningún caso. El 29 % no contestan.

El caso del fiscal general del Estado también aparece en esta primera encuesta del año. El 45 % de los encuestados no tienen dudas de que Álvaro García Ortiz borró los WhatsApps de su teléfono móvil para destruir las pruebas que lo incriminaban en la filtración de datos personales del novio de Isabel Díaz Ayuso. Hay otro 45 % que dicen no saberlo, un 6 % que creen que se borró por programación automática —la versión de la Fiscalía— y el 4 % restante sostienen que García Ortiz no borró nada.

¿Debe pactar el PP con Junts?

La encuesta de Target Point también pregunta por el acercamiento entre el PP y Junts, que terminaron el año votando juntos a favor de la supresión del gravamen a las energéticas y pactando la eliminación del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. Un acercamiento que, como contó El Debate, ha tocado la fibra más sensible del principal partido de la oposición.

La respuesta más repetida es que el PP no debería pactar con un partido que en 2017 propició un golpe sedicioso y que está dirigido por un fugitivo. Es la que eligen el 27 % de los encuestados, un porcentaje que se eleva al 40 % en el caso de los votantes de Vox. Entre los votantes del PSOE también gana esta opción, con el 29 %, aunque por motivos distintos: no quieren que Puigdemont ponga en riesgo la legislatura.

Otro 22 % de los encuestados responden que es lógico que coincidan en algunas votaciones puntuales. No sorprende que esa respuesta sea la mayoritaria entre los votantes del PP —el 33 %—, puesto que es precisamente el argumento esgrimido por Alberto Núñez Feijóo y los suyos en las últimas semanas. Hay otro 18 % que consideran que solo deben votar lo mismo esporádicamente, porque ambos partidos tienen objetivos distintos. Por el contrario, un 7 % responden que deberían llegar a más acuerdos, puesto que tienen una base electoral similar. Y el 26 % restante no saben.

Los encuestados examinan las instituciones y el resultado es revelador. Solo aprueban, por este orden, la Guardia Civil —lidera el ranking con una nota de 6,14—, el Ejército, la Policía Nacional, Protección Civil, las policías locales y municipales y los colegios profesionales. En el lado contrario se sitúan el Senado, que ocupa el farolillo rojo con una puntuación de 3,17, el Congreso, el Gobierno central y los sindicatos.