El Supremo pide a las compañías telefónicas las llamadas emitidas y recibidas por García Ortiz en su móvil

El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado, que instruye la causa en la que está imputado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por una presunta revelación de secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado a dos operadoras de telefonía (Vodafone y Telefónica Movistar) que faciliten los datos de tráfico de las llamadas emitidas y recibidas, en dos terminales propiedad del titular del Ministerio Público.

El juez ha requerido, también, a las empresas que confirmen la identidad de los titulares de las líneas que las reciben y las emiten, en los días clave de la filtración de los datos confidenciales del empresario Alberto González Amador. Esto es, entre el 8 y el 14 de marzo de 2024, ambos inclusive.

Con esta decisión, Hurtado confirma, en contra del recurso de reforma planteado por una de las principales acusaciones populares personadas, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que proceda la ampliación del período objeto de investigación. Tal y como, también, ha resuelto de manera expresa en un auto diferente.

Además, en el auto de nuevas diligencias, al que ha tenido acceso El Debate, se ha requerido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que informe sobre la posibilidad de recuperar el contenido vinculado a las aplicaciones de mensajería instantánea, entre ellas Whatsapp, que pudieran haber existido asociadas a los dos números de abonados de telefonía móvil, vinculados al fiscal general del Estado, y que los agentes se encontraron «totalmente borradas», como publicó este diario en primicia, tras incautarse de dichos terminales, durante la entrada y registro del despacho de García Ortiz.

Cabe recordar que esta nueva batería de actuaciones se enmarca en el avance de una investigación que, en los próximos días, ha previsto la comparecencia ante el Alto Tribunal, de un total de once testigos. De los cuales, dos de ellos, ambos fiscales, ya declararon contra su superior jerárquico ante el juez encargado del asunto en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Así las cosas, mientras la titular de la institución en la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, y el fiscal asignado al caso tributario del novio de Ayuso, Julián Salto, se preparan para confirmar sus versiones, el magistrado del Supremo continúa avanzando con las averiguaciones tecnológicas orientadas a depurar las responsabilidades correspondientes a varios miembros de la cúpula del Ministerio Público que, con una presunta intencionalidad política, filtraron información sensible de un particular para desacreditar a su pareja, principal rival política de Pedro Sánchez.