El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, dialoga con Sánchez en una imagen de archivo en el Congreso
Empieza la gincana
El Gobierno afronta su primer 'supermiércoles' del año en el Congreso, con el PNV retándolo
El 22 de enero habrá un Pleno extraordinario para convalidar los tres reales decretos ley que el Ejecutivo aprobó el 23 de diciembre. El del gravamen a las energéticas corre serio riesgo de caer
El Gobierno comienza el año 2025 como terminó el 2024: haciendo números. El Congreso celebrará el miércoles 22 de enero un Pleno extraordinario que será un triple examen para Pedro Sánchez y su inestable mayoría parlamentaria. El primero de una larga lista durante los próximos meses.
En él, el Ejecutivo someterá a convalidación de la Cámara Baja los tres reales decretos leyes que el Consejo de Ministros aprobó en su reunión del 23 de diciembre: el del nuevo gravamen a las energéticas; el de la prórroga de las ayudas al transporte; y el de la subida de las pensiones y la reforma para compatibilizar una pensión con trabajar. En todos los casos necesita mayoría simple, más síes que noes (las abstenciones no computan).
El que más riesgo tiene de decaer es el decreto ley por el que el Ejecutivo creó un nuevo gravamen temporal a las energéticas durante 2025 para satisfacer las exigencias de Podemos, Bildu, ERC y el BNG; después de que en el último Pleno del año el PP, Vox Junts y el PNV unieran sus votos para tumbar el anterior gravamen.
El decreto ley incluye una puerta trasera: una deducción a la que se pueden acoger las empresas cuando realicen inversiones estratégicas para la transición ecológica y la descarbonización. Una salvedad que el Ministerio de Hacienda pactó con el partido de Carles Puigdemont para que éste no votara en contra.
El PNV hará de Junts en el caso del decreto ley del gravamen a las energéticas y llevará al PSOE al límite
Pero el problema en este caso no es Junts sino el PNV, que amenaza con votar en contra porque el gravamen «rompe el sistema del Concierto» y es «un purito paripé de Podemos», en palabras de su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban. Esta tasa ya provocó a final de año un agrio enfrentamiento entre el propio Esteban y la líder morada, Ione Belarra, que le llamó «diputado de Repsol».
La líder de Podemos, Ione Belarra
Sánchez y María Jesús Montero necesitan al menos la abstención de los cinco diputados del PNV, porque si estos votan en contra el decreto ley decaerá. Eso no sería lo malo para el Ejecutivo. Por contradictorio que parezca, el Gobierno no tiene mayor interés en mantener un gravamen extraordinario a las energéticas que, en origen -finales de 2022-, fue concebido para dos años.
Las consecuencias de su caída
Lo que realmente preocupa en la Moncloa es la airada reacción que, con toda seguridad, su caída provocaría entre sus socios de izquierdas. Especialmente en Podemos, en un momento en el que la vicepresidenta Montero está haciendo encaje de bolillos para intentar pactar los Presupuestos de 2025 con todos sus socios. Fuentes de su departamento señalan que la negociación de la reforma fiscal aprobada en diciembre -a trompicones y descafeinada- fue más difícil de lo que será la de las cuentas públicas. «Porque en lo que se refiere a los impuestos, lo que uno (de sus socios) quiere que suba, el otro quiere que baje. Y con los Presupuestos se trata de inversiones», argumentan.
El segundo real decreto ley es un popurrí de medidas económicas y fiscales que incluye, entre otras: una prórroga de seis meses en las ayudas al transporte público; la extensión de un año más de la prohibición de los desahucios y la interrupción de los suministros básicos para los consumidores vulnerables; la autorización a la Comunidad Valenciana para endeudarse más y así hacer frente a los gastos extraordinarios de la DANA; y cambios en la obligación de presentar el IRPF para las rentas más bajas. A priori, su convalidación no debería provocar mayores sobresaltos al Ejecutivo.
El tercer real decreto ley que votará el Pleno del Congreso es uno del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para fomentar la jubilación activa, mejorando las condiciones en las que es posible compatibilizar la pensión de jubilación con un trabajo. Las medidas incluidas fueron pactadas con los sindicatos en verano.
La imagen que dejó el último Pleno del año 2024 fue la de una mayoría alternativa que Sánchez siempre ha negado que exista: el PP, Vox, Junts y el PNV votando juntos la supresión del gravamen a las energéticas. En la Moncloa restaron importancia a ese pacto puntual entre «las derechas» porque en materia de impuestos es muy difícil poner de acuerdo a partidos tan distintos como Junts y Podemos -dijeron-, pero igual de necesarios para el PSOE. Sin embargo, y aunque mantengan las apariencias, los socialistas no están cómodos con la idea de que vaya calando que existe una aritmética parlamentaria distinta a la del PSOE, más Sumar, más Junts, más ERC, más el PNV, más Bildu, más Podemos, más el BNG.
