El PSOE quiere eliminar la acusación popular aunque la ejerce en los casos Ábalos e Hidrocarburos

La proposición de ley que el Grupo Parlamentario Socialista presentó el pasado viernes en el Congreso propone modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que se prohíba a «los partidos políticos y asociaciones o fundaciones vinculadas con ellos» ejercer la acusación popular. Así pues, el PSOE tampoco podría formar parte de las causas judiciales a través de esta figura procesal, a pesar de que en la actualidad la formación que encabeza Pedro Sánchez la ejerce en dos casos que le afectan de lleno, el caso Ábalos y el caso Hidrocarburos.

En cuanto a la causa que se sigue en la Audiencia Nacional por la trama de corrupción que nació en el Ministerio de Transportes durante la etapa que lo encabezó José Luis Ábalos, el PSOE solicitó hace dos meses –en noviembre del año pasado– formar parte de la acusación popular. Lo mismo hizo en el caso Hidrocarburos, en el que se investiga al comisionista Víctor de Aldama por sus negocios presuntamente ilegales con Villafuel; compañía que se dedicaba a la gestión de carburantes.

Uno de los objetivos que se recogen en la norma que quieren sacar adelante los socialistas es el de rebajar «el uso abusivo de la figura de la acusación popular, que emplean determinados colectivos no con el fin de aclarar posibles hechos delictivos, sino para atacar sistemáticamente a sectores sociales no afines y a adversarios políticos, a través de procesos penales en los que de manera constante se vulneran sus derechos al honor y a la tutela judicial efectiva y se producen filtraciones del contenido de la instrucción».

Por lo tanto, consideran que se debe excluir de esta acción procesal a las formaciones políticas «por razones de mínima coherencia institucional» y para «prevenir el riesgo de instrumentalización del proceso que dimana de su intervención activa en el debate político».

Otros casos

Los socialistas también ejercen la acusación popular en otras causas, como la Púnica, donde han intervenido, con la figura que ahora rechazan, en todas las piezas separadas –algunas ya juzgadas– del supuesto caso de corrupción que implicó a consejeros del PP en la Comunidad de Madrid, y por el que se han condenado hasta el momento a exdirigentes de los 'populares' madrileño como Francisco Granados.

También están presentes en causas de actualidad, como la que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 5, relacionada con las presuntas investigaciones prospectivas y fuera del control judicial que habrían afectado a cargos de Podemos. En el marco de esta causa, el pasado jueves declaró en la condición de testigo ante el instructor y en presencia de abogados del PSOE, quien fuera senador del PP y exdirector general de la Policía, Ignacio Cosidó.

Otro caso significativo en el que el PSOE ha ejercido y sigue ejerciendo la acusación popular es el caso Villarejo. Aunque no ha intervenido en todas las piezas, sí lo ha hecho en asuntos de gran relevancia, como el caso Kitchen.