El Supremo decidirá si anula el nombramiento de García Ortiz como fiscal general un día antes de que declare

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se medirá en el Supremo en dos ocasiones en menos de veinticuatro horas. Y es que el Alto Tribunal resolverá el recurso planteado por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) contra el nombramiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado el próximo 28 de enero. Esto es, un día antes de su declaración como imputado en la causa que se sigue ante el instructor de la Sala Segunda, el magistrado Ángel Hurtado, por presunta revelación de secretos.

Así las cosas, la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo se reunirá en dicha fecha para la deliberación y fallo sobre la impugnación planteada por la APIF acerca de la segunda designación del titular del Ministerio Público, por parte del Gobierno, tras haber concurrido contra él una condena por «desviación de poder» y la declaración de su no idoneidad para el cargo, por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Precisamente, la resolución de este recurso llega la víspera de su declaración por la presunta revelación de secretos en la que García Ortiz está imputado, al hilo de la querella presentada por Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que se considera perjudicado directo de lo ocurrido, presuntamente, bajo el mandato del fiscal general.

La intención de la Sala pasa por pronunciarse el mismo día 28, si bien está por ver si anticipan el fallo a la espera de la sentencia, explican las fuentes. En caso de que estimen el recurso, podría darse la situación de que García Ortiz acuda al día siguiente a declarar habiendo sido ya anulado su nombramiento como fiscal general. Esto supondría una situación doblemente inédita en la historia de la Institución: no sólo porque será la primera vez que el titular del Ministerio Público haga el paseíllo para responder, penalmente, en el ejercicio de su mandato; sino porque, además, sería también el primer caso en el que un Tribunal anula la designación del fiscal general estando vigente la misma.

Cabe recordar que la APIF, que a su vez se encuentra personada como acusación popular en la causa que se sigue por revelación de secretos contra García Ortiz, interpuso hace un año un recurso contra su reelección como fiscal general, al considerar que actuó de manera «parcial» en favor del Gobierno y que su selección no se ajustó a la ley.

García Ortiz, denunciaron, «se ha mostrado descaradamente parcial por su apoyo al Gobierno, al tiempo que ha omitido cualquier obligación debida a la Institución, a sus fiscales y faltando el respeto al Consejo Fiscal al apropiarse de alguna de sus potestades decisorias».

Poco después, el fiscal general presentó un incidente de recusación contra los cuatro magistrados de la Sección Cuarta de la Sala Tercera, quienes previamente habían dictado una sentencia que tumbó el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal togada del Alto Tribunal, al acusar a García Ortiz de «desviación de poder», ya que «su finalidad fue asegurar a Dolores Delgado su promoción a la máxima categoría de la carrera fiscal».

Sin embargo, los cuatro magistrados rechazaron la petición del fiscal general, que habló de falta de imparcialidad, por ser «atípica» y, además, porque entonces no podrían revisar nada de la administración y no quedarían jueces para ello, por lo que entienden que García Ortiz solo buscaba eludir a este tribunal.

Igualmente, destacaron que la recusación era «extemporánea» porque desde hacía meses sabía cual iba a ser la composición de la Sala que iba a resolver el recurso presentado por la APIF y, por tanto, debió haberlo hecho cuando se presentó dicho recurso.