El doble rasero de Conde-Pumpido: expulsar al magistrado Macías por un motivo que inadmitió en la abstención de Espejel

Cuando la magistrada del Constitucional (TC) Concepción Espejel aseguró que debía apartarse del debate y votación con los que, trece años después de su aprobación, el Tribunal avaló la ley 'Aído' de plazos del aborto del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente del órgano Cándido Conde-Pumpido, rechazó sus argumentos de plano.

La veterana jurista, ex presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sostuvo en todo momento que tras haber participado, en julio de 2009, en los trabajos preparatorios del informe sobre el anteproyecto de la norma en discusión, durante su etapa como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tenía un juicio previo conformado sobre la inconstitucionalidad del asunto que le impedía analizar la impugnación de manera nueva e imparcial.

Sin embargo, el Pleno de la Corte negó la mayor y declinó la «autocensura» de la magistrada, y su «expresa voluntad de abstenerse», en base a tres argumentos.

En primer lugar, que «los trabajos preparatorios del informe no vinculante solicitado por el Gobierno al CGPJ» del que formaba parte Espejel «no dieron lugar a la aprobación de dictamen alguno, por lo su contenido no fue trasladado» formalmente al Ejecutivo; en segundo, que «el objeto del recurso de inconstitucionalidad» sobre el que había de deliberar el TC no coincidía literalmente con el del anteproyecto legal sobre el que se había reclamado el dictamen; como tercero y último, que «la solicitud de recusación se vincula a la exteriorización de un criterio jurídico que fue expresado hace más de doce años lo que es habitual, pues los magistrados del Tribunal Constitucional son elegidos entre juristas de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio profesional, y no les inhabilita para ejercer su función en este tipo de procesos constitucionales».

Precisamente, se da la coincidencia de que las dos últimas son dos de los contraargumentos esgrimidos por el magistrado Macías para oponerse a su expulsión del debate sobre la amnistía, como pide el fiscal general del Estado investigado en el Supremo. Y, sin embargo, en este caso, la mayoría del Pleno está dispuesto a inadmitirlos asegurando que la participación del jurista en el informe sobre el polémico texto –solicitado por el Senado, no desde el Gobierno al que nunca se le ha presentado– condiciona su capacidad para asomarse a la discusión jurídica de una manera novedosa y sin haber conformado un pre-juicio sobre la misma.

Para la Fiscalía «el patente tono crítico (...) y la inocultable objeción de inconstitucionalidad que explícita o tácitamente, según los casos, subyace en toda la argumentación del informe», en el que participó el magistrado cuestionado, «no constituye por sí misma el motivo de recusación». «El problema es que el exhaustivo análisis de la norma (...) abarca (...) en su práctica totalidad e integridad los problemas que ahora suscita, ante el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo», sostiene Álvaro García Ortiz en su escrito. Es decir, un motivo análogo al que en su momento empleó la magistrada Espejel para alejarse del asunto del aborto y que el TC matizó, de manera inédita, para descartar la posibilidad.

En aquella ocasión, se trataba de blindar la conformación del órgano frente a tres recusaciones más –entre ellas las del propio Conde-Pumpido– planteadas por una parte de los recurrentes de la norma. Y, de admitirse las razones de Espejel, todas habrían quedado condicionados por los mismos motivos, causando una suerte de «bajas» con las que no se alcanzaría el mínimo legal de 8 magistrados, de los 11 que por entonces integraban el órgano, necesarios para entrar en el fondo del asunto.

Ahora, el objetivo es doble: garantizar que la sentencia de la amnistía, sobre todo «de cara a futuras discusiones ante Justicia europea», sea aprobada con un margen suficiente de seis votos a cuatro, a favor de la misma; y, retirar a José María Macías la iniciativa de los fallos, en los recursos del texto de borrado penal del procés. Es decir, que sea el sector izquierdista, el mayoritario del Pleno, con su presidente Conde-Pumpido en cabeza, el que maneje los tiempos de la amnistía, en función de las necesidades políticas del Gobierno, de la mano de la magistrada catalana Laura Díez, ex alto cargo de Moncloa.