El TSJM condena en costas a Yolanda Díaz tras ocultar sus gastos de viajes promocionales cargados al erario

En plena oleada del Gobierno contra la independencia judicial y la prensa, con sendas reformas legislativas para frenar la acusación popular, recusar a jueces y transformar las investigaciones periodísticas en bulos; una de las defensoras de esa estrategia ha sido condenada por intentar esconder los ingentes gastos cargados al erario para su promoción política personal.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo ha sido condenada en costas por su oscurantismo en algo tan sensible para la opinión pública como los ingentes gastos en viajes, comidas y hoteles cargados al erario, en una victoria del derecho a la información que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende cercenar, de la mano de una nueva Ley que limita la acción judicial y aspira a anular las causas de corrupción que acorralan a su entorno familiar.

Yolanda Díaz lleva varios días intentando recuperar el protagonismo perdido a costa de abrir una nueva grieta entre los socios de Gobierno por la reducción de la jornada laboral. Tanto es así que, en su pelea con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, llegó a asegurar que «es casi ser de mala persona decirle hoy a la gente trabajadora en nuestro país que se niega a reducir la jornada media hora al día».

Estas palabras no son más que sobreactuación de la vicepresidenta, pues la medida forma parte del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar, pero la discrepancia radica en los tiempos ya que los socialistas prefieren que esta modificación se realice de forma gradual y no de forma inmediata.

Sea como fuere, esta pugna no es más que humo, el mismo que intenta vender Díaz cuando habla de transparencia y rendición de cuentas, sobre todo, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya emitido una sentencia en su contra por ocultar sus dietas y gastos de viaje, condenando al Ministerio de Trabajo a pagar las costas del proceso, y, por tanto, con cargo al erario.

De hecho, tal y como reveló El Debate, solo cuando Yolanda Díaz se vio acorralada en los tribunales por esconder estos gastos durante más de un año cedió, tal y como relata la propia sentencia que recuerda el periplo judicial que se ha tenido que recorrer para que la vicepresidenta facilitase unos gastos que debían hacerse públicos, tal y como obligaba el Consejo de Transparencia (CTBG), en su resolución 712/2023 de 6 de septiembre.

En ella, el CTBG reprendía a la vicepresidenta y recordaba que «conocer el importe de las dietas y gastos abonados a los altos cargos y miembros del Gobierno contribuye indudablemente a conocer cómo se manejan los fondos públicos y bajo qué criterios actúan nuestras instituciones, por lo que entronca directamente con la finalidad de transparencia de la acción de los responsables públicos a la que sirve la LTAIBG».

Además, reprochaba a la ministra de Trabajo considerar esta cuestión «abusiva», ya que «ni hay una extralimitación en la conducta carente de finalidad seria y legítima, con voluntad de perjudicar o huérfana de interés legítimo, ni se observa un exceso en el ejercicio del derecho que pueda calificarse como anormal. En consecuencia, no se puede considerar justificado el carácter abusivo de la solicitud».

Sin embargo, Yolanda Díaz no cumplió y no remitió la lista de gastos y viajes solicitada por este periódico y que abarcaban el periodo comprendido entre 2020 y 2022, por lo que El Debate tuvo que recurrir a la justicia para que tomara cartas en el asunto.

Una vez que se inició el procedimiento y el TSJM admitió a trámite la denuncia, Trabajo tuvo que recular y admitir que la vicepresidenta, desde que llegó al cargo, en enero de 2020, y hasta diciembre de 2022, necesitó más de 75.000 euros para sus gastos, y que sus viajes de promoción personal costaron a los españoles más de 44.000 euros.

El más cuantioso de todos los desglosados por el Ministerio es el que realizó por Uruguay y Argentina, que alcanzó los 8.688,98 y cuyos detalles permanecieron ocultos durante meses, tal y como desveló El Debate, evidenciando las reticencias de la vicepresidenta a la hora de explicar sus viajes, hasta tal punto que fue reprendida por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG).

Yolanda Díaz pierde

Por todo ello, la Sala de lo contencioso-administrativo del TSMJ emitió, el pasado 9 de diciembre, la sentencia 677/2024, en la que repasa todo el recorrido administrativo y judicial que ha sido necesario para obtener estos datos, tal y como acabara reconociendo la propia Abogacía del Estado.

No obstante, el TSJM considera que «esta situación ha producido una serie de inconvenientes y gastos a la parte actora, que no tiene obligación de soportar» y remarca de forma especial el hecho de que la resolución estimatoria haya «recaído casi un año después de haber sido repetidamente planteada la petición correspondiente».

Este periódico requirió a la vicepresidenta Yolanda Díaz la información el 4 de enero de 2023 los gastos y dietas cargados al erario en sus viajes para «ensanchar la democracia». Casi dos años después, y tras poner todo tipo de obstáculos y negarse a que sus gastos fueran de público conocimiento, la sentencia del TSJM ha puesto las cosas en su sitio y condenado al pago de las costas, resolviendo que «procede imponer las costas causadas en este procedimiento a la parte demandada», es decir, al Ministerio de Trabajo, que utilizará el dinero de todos los españoles para hacer frente a este pago, únicamente por el deseo de Díaz de esconder sus gastos.

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De hecho, este afán por ocultar la información asociada a sus viajes no es nueva, tal y como ha venido contando El Debate, pues también se negó de forma reiterada a informar sobre la visita que realizó la vicepresidenta a Brasil, para acudir a la toma de posesión de Lula Da Silva en la Nochevieja de 2022. Es más, solo un día después de que este periódico publicase que un alto cargo podría haber incurrido en un delito de prevaricación al incumplir la resolución 890/2023 del CTBG de 3 de noviembre de 2023, el Ministerio de Trabajo se vio obligado a remitir un documento reconociendo que la excursión al país carioca costó 10.690,14 euros.

Según Julio R. Naranjo, Socio Director General de ITCD SL, firma especializada en derecho de la información y asuntos públicos, «esta sentencia es pionera en el ámbito de la transparencia y acceso a información que es de naturaleza pública y que, sin embargo, a políticos como la vicepresidenta condenada en costas por su obstruccionismo, o el propio presidente Sánchez, cuyo gobierno ha iniciado una cruzada espuria contra los medios de comunicación porque publican y le investigan a él y a su familia y partido, tan poco les gusta», concluye.

El revés judicial para la vicepresidenta llega en un momento de clímax en los juzgados para Sánchez, con su mano derecha, José Luis Ábalos, su esposa y su hermano implicados en distintos casos; con indicios de delitos en una gran trama de corrupción que toca la venta de mascarillas, la comercialización de hidrocarburos, los contratos públicos y rescates millonarios o la obra civil.

Y coincide también con la campaña de Sánchez por revertir sus problemas con reformas legales que limiten la acción de los tribunales y la libertad de los medios de comunicación, entre acusaciones de que ambos sectores conspiran contra su Gobierno y él mismo, sin aportar ninguna prueba del tal extremo ni ofrecer alguna explicación solvente a las investigaciones realizadas por la UCO ni a las revelaciones periodísticas documentadas.