Pedro Sánchez y María Jesús Montero, en una imagen de archivo en el Congreso
La historia interminable
El Gobierno afronta otra angustiosa negociación para que Junts y el PNV no tumben dos decretos económicos
Los de Puigdemont amenazan con votar en contra del decreto ómnibus en el 'supermiércoles' que vivirá el Congreso. Y el PNV, el del nuevo gravamen temporal a las energéticas
La decisión de Carles Puigdemont de suspender las negociaciones sectoriales con el PSOE hasta que se celebre una reunión entre las partes en Suiza ha complicado al Gobierno el supermiércoles de esta semana en el Congreso.
El Ejecutivo somete a convalidación por parte del Pleno los tres reales decretos leyes que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 23 de diciembre. Inicialmente Junts no debía crearle grandes problemas, pero el escenario ha cambiado.
El partido de Puigdemont amenaza con tumbar el decreto ómnibus, un popurrí de medidas económicas y fiscales que incluye, entre otras: una prórroga de seis meses en las ayudas al transporte público; la revalorización de las pensiones; la extensión de un año más de la prohibición de los desahucios y la interrupción de los suministros básicos para los consumidores vulnerables; la autorización a la Comunidad Valenciana para endeudarse más y así hacer frente a los gastos extraordinarios de la DANA; y cambios en la obligación de presentar el IRPF para las rentas más bajas. Y, también, una prórroga de dos años -hasta el 31 de diciembre de 2026- del llamado escudo antiopas, que permite al Gobierno vetar operaciones de compra extranjeras en empresas y sectores estratégicos.
Como siempre, el Gobierno se ve obligado a negociar hasta el último aliento, sin tener certeza de lo que pueda pasar. No lo tiene en ese decreto ni tampoco en el que utilizó el Ejecutivo para aprobar nuevo gravamen temporal a las energéticas durante 2025 para satisfacer las exigencias de Podemos, Bildu, ERC y el BNG; después de que en el último Pleno del año el PP, Vox Junts y el PNV unieran sus votos para tumbar el anterior gravamen. En este caso es el PNV el que amenaza con votar en contra porque el gravamen «rompe el sistema del Concierto» y es «un purito paripé de Podemos», en palabras de su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban.
Por contradictorio que parezca, el Gobierno no tiene mayor interés en mantener un gravamen extraordinario a las energéticas que, en origen -finales de 2022-, fue concebido para dos años. Lo que realmente preocupa en la Moncloa es la airada reacción que, con toda seguridad, su caída provocaría entre sus socios de izquierdas. Especialmente en Podemos, en un momento en el que la vicepresidenta María Jesús Montero está haciendo encaje de bolillos para intentar pactar los Presupuestos de 2025 con todos sus socios
El tercer real decreto ley que votará el Pleno del Congreso es uno del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para fomentar la jubilación activa, mejorando las condiciones en las que es posible compatibilizar la pensión de jubilación con un trabajo. Las medidas incluidas fueron pactadas con los sindicatos en verano. Es el único que tiene asegurada su aprobación, puesto que la semana pasada Alberto Núñez Feijóo adelantó el voto favorable del PP, y con eso es suficiente.
La imagen que dejó el último Pleno del año 2024 fue la de una mayoría alternativa que Sánchez siempre ha negado que exista: el PP, Vox, Junts y el PNV votando juntos la supresión del gravamen a las energéticas. En la Moncloa restaron importancia a ese pacto puntual entre «las derechas» porque en materia de impuestos es muy difícil poner de acuerdo a partidos tan distintos como Junts y Podemos -dijeron-, pero igual de necesarios para el PSOE.
Sin embargo, y aunque mantengan las apariencias, los socialistas no están cómodos con la idea de que vaya calando que existe una aritmética parlamentaria distinta a la del PSOE, más Sumar, más Junts, más ERC, más el PNV, más Bildu, más Podemos, más el BNG.
