El Tribunal de Cuentas deja en manos de Marlaska decidir si Bildu recibe toda su subvención pública

El Tribunal de Cuentas ha rechazado la pretensión de cuatro de sus consejeros de bloquear el abono de las subvenciones electorales a Bildu hasta confirmar que condena la violencia terrorista, a la vista de que en sus listas municipales de 2023 incluyó a presos de ETA.

El debate en el Pleno del Tribunal se produjo al discutir esta semana el informe de fiscalización de las elecciones locales de 2023, en las que Bildu reclamaba 1,3 millones de euros en subvenciones públicas para cubrir gastos de campaña de sus distintas candidaturas. La coalición abertzale ya ha cobrado el 30 % como anticipo avalado por la Junta Electoral Central.

Cuatro de sus consejeros, propuestos en su día por el PP, recordaron que en esos comicios locales de mayo de 2023 Bildu incluyó a 23 candidatos que habían cumplido condenas por delitos de terrorismo y remarcaron que el artículo 127.4 de la Ley Electoral prohíbe dar subvenciones a formaciones que integren a condenados por terrorismo, salvo que hubieran «rechazado públicamente los fines y los medios utilizados».

En un voto particular, estos consejeros entienden que el Tribual de Cuentas tenía que bloquear el abono de las subvenciones a Bildu hasta asegurarse de que sus candidatos condenados por terrorismo ratificaban su rechazo a la violencia.

Sin embargo, en el Pleno del Tribunal de Cuentas que preside Enriqueta Chicano se impuso el criterio de la mayoría, que considera que la certificación del rechazo al terrorismo no es una tarea del fiscalizador, sino de que quien abona las subvenciones, la Dirección de Política Interior del Ministerio que encabeza Fernando Grande-Marlaska.