Fundado en 1910
La ministra de Migraciones, Elsa Saiz, y la portavoz, Pilar Alegría

La ministra de Migraciones, Elsa Saiz, y la portavoz, Pilar AlegríaEFE

El trilerismo de Sánchez

El Gobierno presume de su creatividad para desafiar los límites de la Constitución

«Mucho cuidado con el lenguaje. Es una delegación de competencias y no una cesión», sostiene la ministra Elma Saiz. El Gobierno ha pasado de invocar el artículo 149 de la Carta Magna al 150

La misma Pilar Alegría que, en enero, invocaba el artículo 149 de la Constitución para proclamar que las fronteras y la inmigración son «competencias exclusivas del Estado», invocó este martes en la Moncloa el artículo inmediatamente posterior. Con idéntica convicción y desenvoltura.

La portavoz del Gobierno leyó el artículo 150.2 para justificar lo que hace dos meses ella misma y Fernando Grande-Marlaska hacían creer que era impensable: «El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación», reza éste.

Alegría compareció en rueda de prensa en compañía de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elsa Saiz, horas después de que el PSOE y Junts registraran en el Congreso una proposición de ley por la que los Mossos participarán en el control de las fronteras y la Generalitat decidirá sobre las devoluciones en caliente y gestionará los centros de internamiento de extranjeros. Una iniciativa muy criticada por los sindicatos de la Policía y las asociaciones de la Guardia Civil porque compromete la seguridad nacional, según alertan.

La portavoz delegó el peso de la comparecencia en Saiz, que defendió la constitucionalidad de la medida. El truco es que el acuerdo habla en todo momento de «delegación de competencias» no de cesión. Lo que, según el Ejecutivo, no rebasa los límites de la Carta Magna. «Mucho cuidado con el lenguaje. Es una delegación de competencias y no una cesión. Nace de la Constitución y se aplica con la Constitución en la mano», defendió la titular de Migraciones, que se remontó al año 1992, hace más de tres décadas, para justificar que ya entonces Cataluña mostraba voluntad por asumir las competencias migratorias. Saiz señaló que, si alguna otra comunidad muestra interés, «se estudiará el caso». Pero también dijo que al Ejecutivo no le consta.

La proposición de ley orgánica habla en su Exposición de motivos de evitar «posibles efectos que puedan representar un riesgo para la convivencia y la cohesión social». Sin embargo, la ministra negó que el Gobierno esté asumiendo el marco de Junts, un partido acusado de xenófobo por los socios de izquierdas del PSOE.

Sin ir más lejos, este martes la líder de Podemos denunció: «Es obvio que Junts quiere las competencias de inmigración para hacer políticas aún más racistas y contrarias a los derechos humanos», según Ione Belarra. «Somos un Gobierno que defendemos una política migratoria que pone en el centro los derechos humanos», rebatió la ministra Saiz, que no quiso entrar en futuribles: porque el Ejecutivo necesitará a Podemos para aprobar esta reforma legal.

«No se cede el control de fronteras, los Mossos actuarán en colaboración y coordinación con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (...). Que se coordinen ea una buena muestra de que el Estado funciona», insistió una y otra vez la responsable de Migraciones. Saiz no fue capaz de hacer una estimación del coste que le supondrá al Estado la transferencia de «medios personales, presupuestarios y patrimoniales» que, según la iniciativa, llevará aparejada esta delegación. Se escudó en que aún tiene por delante un largo trámite parlamentario. Aunque más largos serían los trámites si el Gobierno hubiera presentado un proyecto de ley en lugar de delegar en el PSOE para que presente una proposición de ley en el Congreso en compañía de Junts.

Nada se sabe a esta hora de la opinión del ministro del Interior, que en el pasado negó la transferibilidad de las competencias en materia migratoria. Está enfermo. En el PP dicen con sorna que tan oportunamente enfermo como lo estuvo María Jesús Montero cuando estalló la guerra de la tributación del salario mínimo interprofesional con Yolanda Díaz. Al ser preguntada por las posibles reticencias de Grande-Marlaska, Saiz zanjó: «Estamos cómodos con esta iniciativa el conjunto de los ministerios».

comentarios
tracking