La ausencia de cuatro vocales del Consejo Fiscal permitiría bloquear la maniobra de García Ortiz para controlar las causas de corrupción

El artículo 19 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) establece que la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada –que actualmente dirige Alejandro Luzón, un independiente sin adscripción conocida– intervendrá en aquellos supuestos en los que el fiscal general del Estado entienda que se da una especial trascendencia, por el importe de los delitos y la entidad de su dimensión.

Sin embargo, en los últimos meses, coincidiendo con el estallido de los casos más sensibles de corrupción para el Gobierno, el Ministerio de Justicia anunciaba, y ahora ha convocado formalmente, la creación de varias nuevas plazas de fiscales coordinadores de Sala, entre las que se encuentran las de Delitos Económicos y la de Delitos contra la Administración Pública. Dos vacantes que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cubrirá, si nada lo remedia, en el próximo Pleno del Consejo Fiscal (CF) programado para el día 10 de abril.

La ausencia de cuatro vocales electos (esto es de los democráticamente votados por el censo de la Carrera) en dicho cónclave implicaría, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento del Consejo, la imposibilidad de conformarlo de manera válida; y, por lo tanto, de adoptar una designación o propuesta legal sobre de esta suerte de «fiscalías paralelas» que García Ortiz se prepara para conformar, pese a que a ojos de los expertos su situación como imputado ante el Supremo, por un delito de revelación de secretos, le desacredita para hacerlo. El mero hecho de que el máximo titular de la Institución se plantee proponer a los candidatos que cubrirán dos especialidades de las que dependerán los planteamientos técnicos «del delito por el que se le investiga» es una «burla», afeaban desde la Asociación mayoritaria de Fiscales (AF) nada más conocer sus intenciones.

«Es inevitable preguntarse si un investigado puede decidir quién va a ser la persona» encargada de «fijar criterios» jurídicos que podrían afectarle de manera directa en su situación procesal, denunciaba la entidad en un durísimo comunicado remitido la semana pasada.

No en vano, ambas especialidades han sido fuertemente criticadas en el seno de la Institución. Y no sólo por la «innecesaria urgencia» con las que se han tramitado sino, también, porque «colisionan» con las competencias de Anticorrupción que, así las cosas, pasaría a ser una Fiscalía «prescindible» en aquellos casos en los que el fiscal general del Estado quiera «controlar», de manera más directa, la actuación de los fiscales a cargo de los procedimientos política o ideológicamente más relevantes.

La situación ha provocado un evidente recelo en el seno de Anticorrupción donde se albergan serias dudas sobre la posibilidad de «coexistencia» de dos nuevos Departamentos que en cierta medida «invaden» sus competencias tradicionales.

Pero, además, un agrio rechazo en el conjunto del Ministerio Público que califica de «intolerable a nuestra Institución y a la sociedad en su conjunto» que el Ministerio de Justicia, y el fiscal general del Estado de la mano del anterior, avancen en conformar un nuevo organigrama «en un tiempo en el que es pública» el avance de la instrucción judicial del Supremo en los «diversos procedimientos» que cercan tanto al máximo titular de la Fiscalía, como «al entorno» más directo «del propio Gobierno» y de su presidente, Pedro Sánchez.