El Consejo Fiscal informó a García Ortiz en contra de la creación de la nueva plaza sobre delitos contra la Administración

El Consejo Fiscal se opuso a la creación de la plaza de fiscal de Sala de Delitos contra la Administración Pública, cuya vacante (además de las dos plazas de fiscales adscritos a la misma) ha sido formalmente convocada por el Ministerio de Justicia en este mes, el pasado mes de septiembre de 2024.

La mayoría de los miembros no natos del Consejo, miembros de la Asociación de Fiscales (AF) consideraron que dicho puesto, envuelto en una agria polémica en los últimos días –por cuanto resulta una «burla» que el candidato vaya a ser designado por el mismo fiscal general del Estado que está imputado en el Supremo, por un presunto delito de revelación de secretos– «no responde a una necesidad suficientemente justificada, sino que bastaría incrementar la plantilla o las funciones de la Fiscalía contra la corrupción y la criminalidad organizada» con la que «colisiona», sin lugar a dudas.

Para la mayoría de los miembros electos del Consejo Fiscal antes de apostar por la creación de nuevas plazas y modalidades en la Carrera, como la que está en discusión, era necesario disponer de «delegaciones en todo el territorio nacional, dotando de medios efectivos en el lugar de trabajo y no en la Fiscalía General del Estado» que, cada vez más, se ha ido haciendo con el monopolio de la Institución para controlar las causas de corrupción más sensibles al Gobierno.

«El trabajo cotidiano se produce en las fiscalías territoriales y no encontramos una motivación en el texto» normativo diseñado para la llegada de este nuevo departamento, lamentaban los vocales. Un puesto que Álvaro García Ortiz dejará cubierto, casi con total seguridad, en el próximo Pleno del mes de abril

«Comprendemos que los delitos económicos suponen una carga importante del trabajo de las fiscalías territoriales», añadían de viva voz ante el fiscal general la mayoría de los miembros del Consejo. Por esta razón, «la creación de una Fiscalía de Sala no va a mejorar la situación, sino que se resuelve mejor dotando de recursos efectivos en todo el territorio, y no en los órganos centrales».

Más que crearla «con el consiguiente incremento de la creciente burocracia y exceso de control de la Institución, es prioritario que se cumpla el compromiso adquirido por el Gobierno de España en el Acuerdo con las Asociaciones profesionales las carreras fiscal y judicial de 23 de mayo de 2023, relativo al desdoblamiento de las fiscalías superiores en las comunidades autónomas uniprovinciales, cuestión que según el propio Acuerdo debía abordarse 'a la mayor celeridad' y que, pese al tiempo transcurrido, no se ha abordado», denunciaba con tal motivo la portavoz de la AF en el Pleno.