La Fiscalía y el Tribunal Constitucional cooperan entre sí para salir al rescate de las políticas de Sánchez

El pacto entre el PSOE y el PP que, al hilo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), serviría para trabajar en la despolitización de la Justicia ha terminado por ser un espejismo en el desierto. Lejos quedan ya los viejos propósitos de dotar de mayor independencia económica y, por ende, autonomía al Ministerio Fiscal o la reforma por la que, en los seis meses a contar desde el acuerdo, debía modificarse el sistema de elección de los vocales del Consejo para que fueran los jueces y magistrados quienes elijan a sus representantes.

En realidad, a medida que ha avanzado la legislatura de Pedro Sánchez, ha ido tomando forma la «desjudicialización de la política» de la que renegaba tras la moción de censura que le llevó a la Moncloa y que, sin embargo, se ha consolidado como uno de los ejes vertebradores de su política de Gobierno, para beneficiar la corrupción de los suyos y previo cheque en blanco a Bildu y a sus socios separatistas de ERC y Junts.

Sánchez ha conseguido doblegar a la Fiscalía al dictado de sus necesidades: nombrando directamente, por primera vez en la historia de nuestra democracia a una exministra, Dolores Delgado –sin solución de continuidad de uno a otro cargo– o confirmando en un doble mandato a su sucesor, Álvaro García Ortiz, condenado por «desviación de poder» y que pese a haber sido imputado por revelación de secretos, continúa en el cargo.

También, indultar a los líderes del procés, con el informe en contrario del Alto Tribunal sentenciador; suprimir el delito de sedición por el que fueron condenados, tras negociar una reforma a la carta del Código Penal, precisamente, con quienes fueran condenados por violentarlo. Cabe recordar cómo Gabriel Rufián (ERC) reconoció haber usado el apoyo a los presupuestos como «palanca» para que Sánchez eliminase el delito. O cómo la amnistía, que reconoce el lawfare en España, llegó al dictado del prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont.

Y ello, hasta designar a dos alfiles de Moncloa, otro exministro de Justicia, Juan Carlos Campo y una ex alto cargo procatalanista, Laura Díez, para colonizar el Constitucional (TC) consciente de que éste será determinante para el éxito de su causas más polémicas, como la amnistía o como lo ha sido ya la sentencia de los ERE de Andalucía. Un 'enjuague' de semejante proporción que ha provocado la reacción del tribunal sentenciador, la Audiencia Provincial de Sevilla, ante Europa.

Ha sido, de hecho, en este asunto donde, como ya había sucedido antes en otros temas escandalosos –como la ley del 'sólo sí es sí', el borrado penal del procés o la recusación del magistrado José María Macías de todos los asuntos vinculados a la amnistía– la Fiscalía ha salido al rescate de Cándido Conde-Pumpido, informando en contra de la cuestión prejudicial que la Audiencia sevillana elevará al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Una iniciativa que el presidente de la Corte de Garantías trata de bloquear en el ámbito doméstico y que, hasta el momento, con cinco informes técnicos de los letrados del TC en contra, y la negativa de los dos tribunales afectados, sólo ha encontrado el respaldo del Ministerio Público y no sin pasar antes por fuertes discrepancias internas.

No en vano, los dos fiscales sevillanos encargados del asunto, Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra han dejado claro que el informe remitido, este mismo miércoles, al órgano sevillano –en el que desaconsejan activar la herramienta prevista en el Tratado de Funcionamiento de la UE cuando surgen discrepancias sobre la interpretación de normas o aplicación de las mismas– responde, únicamente, a su obligación de «cumplir órdenes» de sus superiores.

Y ello, pese a que en un principio, su posición jurídica (tal y como trasladaron al jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón) sobre la lectura que el fallo del TC hizo del delito de malversación, en la causa de los ERE de la Junta socialista de Andalucía, justificaba elevar una consulta a Europa, para que se pronuncie sobre el fallo; y, sus consecuencias prácticas para más de una decena de condenados, por el uso irregular de más de 680 millones de euros de fondos públicos destinados a los parados.

Sin embargo, siguiendo las instrucciones recibidas» de la Fiscalía del Supremo –en una orientación confeccionada por el fiscal de Sala de lo Penal José Javier Huete, bajo la tutela de la mano derecha de Álvaro García Ortiz, la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde– optaban por cambiar el enfoque inicial de su dictamen y plegarse, jerárquicamente.