Calma tensa en la Audiencia de Sevilla a la espera del informe médico sobre Griñán

La Audiencia Provincial de Sevilla continúa a la espera del informe médico que elabora el Instituto de Medicina Legal sobre si el posible ingreso en prisión del expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, condenado a seis años y dos días de cárcel por delitos de prevaricación y malversación en el caso ERE, puede tener incidencia en el desarrollo del cáncer de próstata que ha alegado para no entrar en la cárcel o en el tratamiento médico que necesita.

Ayer lunes, 2 de enero, expiró el plazo que la Audiencia de Sevilla había concedido a él y a otros seis antiguos altos cargos de la Administración autonómica condenados por los ERE para ingresar voluntariamente en prisión. Carmen Martínez Aguayo, Antonio Fernández, José Antonio Viera, Francisco Vallejo, Miguel Ángel Serrano y Jesús María Rodríguez ya se encuentran entre rejas; no es el caso del que fuera presidente andaluz, que ha pedido que se suspenda la ejecución de su pena de prisión, al igual que Agustín Barberá, por enfermedad.

Por tanto, en la Audiencia se respira una calma tensa. El periodo comprendido entre el 24 de diciembre y el 6 de enero, ambos inclusive, es inhábil a efectos procesales, de acuerdo con la disposición recogida en la proposición de ley, ya en vigor, impulsada por el PSOE y Unidas Podemos para derogar el delito de sedición y reformar el de malversación. Sin embargo, el procedimiento de Griñán, como excepción, está declarado hábil, por lo que nada impediría conocer la decisión del tribunal respecto de su futuro a lo largo de esta semana.

Requerimiento de ingreso en prisión

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla dictó el pasado 22 de diciembre un auto en el que desestimaba los recursos de súplica presentados por ocho de los condenados a cárcel por el caso ERE contra la resolución en la que el tribunal denegó suspender las penas privativas de libertad mientras el Gobierno tramita los indultos, requiriendo a siete de ellos para que en el plazo de diez días naturales, que comenzaría a correr al día siguiente, ingresaran voluntariamente en un centro penitenciario.

En el mismo auto, contra el que no cabía recurso alguno, el tribunal desestimaba el recurso presentado por la defensa del exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, pero suspendía su entrada en la cárcel por enfermedad, en virtud del artículo 80.4 del Código Penal, que dispone que «los jueces y tribunales podrán otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables».

La situación de Griñán

Del mismo modo, tras conocer la resolución de la Audiencia de Sevilla, José Antonio Griñán anunciaba que tenía cáncer de próstata. Así, su abogado, José María Calero, presentó el viernes 23 un escrito a fin de que se suspenda la ejecución de la pena de prisión impuesta a su cliente por el caso ERE con base en el referido artículo del Código Penal. Entonces, el tribunal dictaba una providencia en la que acordaba que un forense informe sobre si el ingreso en prisión de Griñán puede tener incidencia en el desarrollo de su enfermedad o en el tratamiento médico que necesita.

Este pasado jueves, la defensa de Griñán presentó otro escrito reiterando la petición de suspensión de la pena de cárcel en el que alega nuevos documentos que vendrían a confirmar el «alto riesgo» del cáncer de próstata que padece su representado, a la espera del informe del forense del Instituto de Medicina Legal.