El PP andaluz pone el acento en los gastos en prostíbulos y cocaína para denunciar el borrado de los ERE

«PSOE, Andalucía no olvida» es la consigna que más se repite desde el PP andaluz a raíz de que el Tribunal Constitucional (TC) anulara parcialmente la condena por prevaricación de Magdalena Álvarez, primera responsable política de los ERE beneficiada por la Corte de Garantías. Los populares quieren evitar así que el PSOE andaluz se valga del favor del TC para reescribir la historia reciente de Andalucía.

Las sentencias del Constitucional sobre el caso ERE están dando a los socialistas la oportunidad de presentarse como víctimas de una «cacería» del PP para echarlos del Palacio de San Telmo, como a la postre sucedió. De hecho, el PSOE andaluz anda difundiendo una serie de entrevistas de los beneficiados por el TC donde niegan los delitos por los que fueron condenados por la Audiencia de Sevilla, primero, y por el Tribunal Supremo, después.

Como respuesta, el secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, afirmó ayer martes que «los ERE fueron para el PSOE mucho más que un delito, fueron una manera de entender Andalucía», poniendo el acento en los gastos en comilonas, prostíbulos y cocaína; en definitiva, en los episodios más sórdidos de la corrupción perpetrada bajo los gobiernos socialistas de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, cuyas condenas también serán, presumiblemente, amnistiadas por el Constitucional.

Repullo también denunció que «el PSOE quiere reescribir la historia de Andalucía, pero esta tierra no olvida». En redes sociales, los populares lanzan esta consigna acompañada de constantes alusiones a los casi 680 millones de euros que fueron defraudados, según la sentencia de la Audiencia de Sevilla luego confirmada por el Tribunal Supremo; al reparto de billetes de 500 euros o a la cocaína que compró con dinero público el chófer de Francisco Javier Guerrero, Juan Francisco Trujillo.

La denuncia parlamentaria del PP

Por otro lado, el PP andaluz defenderá este jueves en el Parlamento de Andalucía una proposición no de ley (PNL) en defensa de la labor de las instituciones del Estado en la lucha contra la corrupción, donde realiza una crítica velada a las sentencias del Tribunal Constitucional sobre el caso ERE.

La PNL consta de tres puntos. El primero entra dentro del relato habitual de los populares, pues llama a respaldar «la labor emprendida y llevada a cabo por el actual Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en lo referido a la reclamación y recuperación de parte de los fondos malempleados a su propio fin en el denominado 'caso ERE'» y reivindica los 27 millones recuperados y los otros 135 reclamados por el Ejecutivo de Juanma Moreno.

No obstante, con el segundo punto, el Parlamento de Andalucía dará un paso más al reconocer, haciéndose valor la mayoría absoluta del PP, «a todos los órganos jurisdiccionales o tribunales de Justicia que han permitido investigar, esclarecer y juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en las conductas ilícitas y punibles de malversación, apropiación indebida, falsedad documental y demás tipos penales…»; es decir, al apoyar expresamente la instrucción y las sentencias de la Audiencia de Sevilla y del Tribunal Supremo.

Además, en el tercer punto, los populares plantean una reprobación sin precedentes por parte del Parlamento de Andalucía hacia el Tribunal Constitucional, aunque con una redacción enrevesada y llena de puntualizaciones: «Dados los permanentes ataques que están sufriendo los tribunales de justicia en sus decisiones y el Tribunal Constitucional en las suyas, […] se hace más necesario que nunca respaldar a estas instituciones públicas para que puedan ejercer sus funciones, unos sin extralimitarse en la interpretación de la legalidad ordinaria, y el otro para que en el examen de la vulneración de derechos fundamentales no se pretenda revisar la valoración de los elementos probatorios a través de los cuales se haya podido llegar a la convicción de una decisión judicial…».